http://catalansuniversals.wordpress.com/2013/12/29/mas-no-habla-por-todos-los-catalanes/
martes, 31 de diciembre de 2013
lunes, 30 de diciembre de 2013
¿NORMALIZACIÓN?
¿NORMALIZACIÓN?
Nunca me había preocupado el tema de los apellidos pero como por mi trabajo estoy viendo cada vez más apellidos "adaptados""normalizados" he comprobado que es otro de los "trabajos" que está haciendo, muy bien por cierto, la Generalitat desde hace años y nadie está reparando en ello.
Ciertamente el franquismo también se dedicó a "normalizar" apellidos catalanes, con lo que con mucha razón familias han querido adaptar de nuevo sus apellidos a su grafía de origen.
L'Instittut d'Estudis Catalans es el encargado de emitir estos certificados.
Como todos sabemos los nacionalismos siempre van una paso más allá y esto es lo
que los convierte o iguala con otros nacionalimos de dudoso
proceder.
Como los apellidos más comunes en cataluña actualmente son García, López, Sánchez, etc (ver foto) también gustosamente de los "normalizan" como por ejemplo.
"com Ferrandis (del castellà Fernández) o Gonçales (del castellà González)"
¿Cómo uno no va a "normalizar" sus apellidos ? ¿cómo no te vas a poner una "i" entre los apellidos? te tienes que NORMALIZAR ya que ahora no lo estás.
Lo curioso es que ese afán por recuperar su historia, sus orígenes, que es perfectamente razonable, luego no lo practiquen con los que no tienen su historia o sus orígenes. ¿por qué debe un gonzález "normalizar"su apellido? ¿no debería estar tan orgulloso de su apellido y de su historia como un Puig ?
Un García debería sentirse tan orgulloso de su historia como cualquiera y nadie debería hacerle sentir que se tiene que "normalizar" porque ya es NORMAL. Todos debemos estar orgullosos de nuestros orígenes y nadie debería "normalizarlos".
La historia de una Martínez no es menos importante que la de un Flaquer. Las instituciones deberían proteger y fomentar la historia sin manipulaciones, sino estaremos volviendo a caer en los mismos errores que en otras etapas funestas de la historia de España.
Nunca me había preocupado el tema de los apellidos pero como por mi trabajo estoy viendo cada vez más apellidos "adaptados""normalizados" he comprobado que es otro de los "trabajos" que está haciendo, muy bien por cierto, la Generalitat desde hace años y nadie está reparando en ello.
Ciertamente el franquismo también se dedicó a "normalizar" apellidos catalanes, con lo que con mucha razón familias han querido adaptar de nuevo sus apellidos a su grafía de origen.
L'Instittut d'Estudis Catalans es el encargado de emitir estos certificados.
Como todos sabemos los nacionalismos siempre van una paso más allá y esto es lo
Como los apellidos más comunes en cataluña actualmente son García, López, Sánchez, etc (ver foto) también gustosamente de los "normalizan" como por ejemplo.
"com Ferrandis (del castellà Fernández) o Gonçales (del castellà González)"
¿Cómo uno no va a "normalizar" sus apellidos ? ¿cómo no te vas a poner una "i" entre los apellidos? te tienes que NORMALIZAR ya que ahora no lo estás.
Lo curioso es que ese afán por recuperar su historia, sus orígenes, que es perfectamente razonable, luego no lo practiquen con los que no tienen su historia o sus orígenes. ¿por qué debe un gonzález "normalizar"su apellido? ¿no debería estar tan orgulloso de su apellido y de su historia como un Puig ?
Un García debería sentirse tan orgulloso de su historia como cualquiera y nadie debería hacerle sentir que se tiene que "normalizar" porque ya es NORMAL. Todos debemos estar orgullosos de nuestros orígenes y nadie debería "normalizarlos".
La historia de una Martínez no es menos importante que la de un Flaquer. Las instituciones deberían proteger y fomentar la historia sin manipulaciones, sino estaremos volviendo a caer en los mismos errores que en otras etapas funestas de la historia de España.
domingo, 29 de diciembre de 2013
Cataluña: la espiral del silencio
Un punto de vista llega a dominar la escena pública cuando los demás enmudecen. Ganan aquellos que tienen “energía, entusiasmo, ganas de expresar y exhibir sus convicciones” y pierden quienes callan
Según los sondeos y, sobre todo, según la percepción de quienes
vivimos en Cataluña, el independentismo gana adeptos día a día. No sé si
esta percepción es la misma en el resto de España. En todo caso, el
Gobierno Rajoy, que sin duda está seriamente preocupado por el asunto,
no adopta políticas visibles para contrarrestar esta acelerada
inclinación de la opinión pública catalana hacia la secesión. Todo
parece indicar que su estrategia consiste en que sean las propias
contradicciones en el seno de la sociedad catalana quienes le solucionen
el problema. ¿Acierta o se equivoca? No es fácil responder
taxativamente pero sí cabe hacer algunas reflexiones para intentar
contestarla.
Las razones que esgrime el Gobierno de la Generalitat, y los partidos que le dan soporte, para pretender la independencia, son conocidas pero no está de más dar un breve repaso a las mismas. En el trasfondo de todo, encontramos las viejas ideas del nacionalismo de siempre: la identidad colectiva de Cataluña —debida a sus hechos diferenciales por razón de lengua, historia, cultura y derecho civil— la configura como una nación y, de acuerdo con el principio de las nacionalidades según el cual a toda nación le corresponde un Estado, Cataluña tiene derecho a separarse de España para constituirse su propio Estado.
Podría argüirse con poderosos argumentos que el actual Estado de las autonomías protege perfectamente estos hechos diferenciales que distinguen a Cataluña. Por un lado, la lengua catalana nunca ha tenido mayor desarrollo que en estos años de democracia: no sólo es oficial sino que es ampliamente conocida y hablada. Por otro, en ningún momento de la historia el territorio de Cataluña se ha constituido como organización política independiente, sea cual fuere la época de la que hablemos: a lo más disfrutaba de autonomía dentro de una entidad más amplia. Por último, las competencias de la Generalitat en cultura y derecho civil —esta última interpretada con la máxima amplitud— permiten decir que ambas están más que garantizadas.
Pero los nacionalistas, como ya hemos dicho, siempre aspiran a un Estado propio y consideran a la autonomía como un mero peldaño para acceder a él. A fines de los años 70, ya en época democrática, los militantes de CiU coreaban en las manifestaciones a favor del Estatuto de autonomía el siguiente lema: “Avui paciència, demà independència”. La paciencia —la etapa autonómica— debía aprovecharse para edificar lo cimientos del mañana, de la independencia. Con esta finalidad se crearon unas instituciones autonómicas lo más semejantes posibles a un Estado e inmediatamente se aprovechó cualquier ocasión para subrayar su insuficiencia e, implícitamente, reclamar la necesidad de un Estado propio. Ahí empezó el proceso que ahora está llegando a su punto culminante.
En la última década este proceso se ha acelerado por varias razones. En primer lugar, por el inmenso error de los socialistas catalanes al proponer a Esquerra Republicana reformar conjuntamente el Estatuto de 1979. Con ERC se pueden pactar, por ejemplo, políticas de vivienda, medio ambiente o servicios sociales, pero nunca la reforma de un Estatuto en el que, como partido independentista, ni creen ni creerán nunca si son consecuentes con su ideario, que lo son. Pues bien, esa insensatez la llevó a cabo el partido dirigido por Maragall y por Montilla. Ciertamente con ello consiguieron derrotar a CiU y acceder al Gobierno de la Generalitat, presidencia incluida, pero desataron todas las furias: hicieron subir a los nacionalistas varios peldaños de golpe, la paciencia se había acabado y llegaba el momento de la independencia.
La reforma estatutaria supuso no sólo la devaluación del anterior Estatuto sino también de la propia Constitución ya que al aprobar un nuevo texto claramente inconstitucional, tuvo que ser declarado nulo en muchas de sus preceptos esenciales por el TC. Naturalmente, desde los sectores nacionalistas se aprovechó la ocasión para decir que las aspiraciones de Cataluña no cabían en esta Constitución manejada por un Tribunal partidista que dictaba sentencias políticas. Junto a ello se orquestó una campaña basada en una manipulación de las llamadas balanzas fiscales para intentar convencer a los catalanes que estaban financieramente discriminados, llegándose a utilizar términos —“España nos roba”, “expolio catalán”— que eran un puro insulto al resto de españoles. Todo ello en medio de una gravísima crisis económica que fue aprovechada por los nacionalistas para argumentar que la única salida viable era la independencia.
En definitiva, el clima político creado en Cataluña a lo largo de estos años ha alcanzado sus fines: ampliar el número de partidarios de la independencia. Se ha partido del lema “el Estatuto de 1979 ya no nos sirve” para llegar al “España no nos sirve”, pasando por “en la Transición nos equivocamos al ceder demasiado”, “la Constitución se hizo bajo presión del franquismo”, “el TC es un órgano político y no jurisdiccional”, “con los impuestos que pagamos los catalanes vive media España”, “la situación de la lengua catalana está peor que nunca”, “España es un Estado centralista”. Esta pedagogía del odio ha hecho mella en el ciudadano: escuela, medios de comunicación, instituciones de la sociedad civil (entre ellas las distintas directivas del Barça), partidos políticos (incluidos los no oficialmente nacionalistas) y hasta sondeos demoscópicos manipulados, han contribuido a ello, todos a una. La hegemonía cultural ha pasado del paciente catalanismo político autonomista al independentismo más impaciente: “España está débil: ahora o nunca”.
Este es el actual momento político catalán. Mírese por donde se mire, la salida ya no puede ser buena: será mala o muy mala. A eso hemos llegado porque durante varias décadas se ha producido lo que la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann denominó, en un libro del mismo nombre, “la espiral del silencio”.
¿En qué consiste tal fenómeno? Consiste en que un punto de vista llega a dominar la escena pública cuando los demás —aunque en el punto de partida fueran mayoritarios— enmudecen. En efecto, ganan aquellos que tienen “energía, entusiasmo, ganas de expresar y exhibir sus convicciones” y pierden quienes callan. En la naturaleza humana hay una inclinación a formar parte del bando vencedor, nadie quiere quedar aislado. Ya lo observaba Tocqueville al referirse a la Revolución Francesa: “Temiendo más la soledad que el error, [los contrarios a la Revolución] declaraban compartir las opiniones de la mayoría”. Años después, el sociólogo Tarde advertía que las personas tienen miedo al aislamiento de los demás y desean ser respetados y queridos por ellos.
“Si lo dice la mayoría… es que es verdad”: esta es la consecuencia de la espiral del silencio. La mayoría, naturalmente, está compuesta por quienes hablan, no por quienes callan. Y, como dice Noelle-Neumann, para que en una sociedad se produzca el fenómeno de la espiral del silencio es preciso que previamente se infunda miedo, que los individuos tengan la percepción de que si se desvían del clima de opinión que se supone mayoritario están amenazados con el aislamiento y la exclusión. Es en ese clima que los individuos cambian de opinión: no tras un proceso en el que han sido convencidos mediante argumentos razonables sino debido a la presión social que amenaza al díscolo con el aislamiento y la expulsión.
En Cataluña, durante más de treinta años, ha habido y hay miedo a la soledad y a la exclusión. Miedo en las personas, en los grupos y en los partidos políticos. Miedo en la sociedad. El nacionalismo ha dominado la escena y ha excluido, cuidando de que no se notase, las voces críticas. Los callados, para autojustificarse, se van pasando al independentismo que creen está a punto de triunfar. Es la espiral del silencio. Frente a esta realidad, alguien con autoridad, en Cataluña y en España, debería superar el miedo y empezar a hablar.
Las razones que esgrime el Gobierno de la Generalitat, y los partidos que le dan soporte, para pretender la independencia, son conocidas pero no está de más dar un breve repaso a las mismas. En el trasfondo de todo, encontramos las viejas ideas del nacionalismo de siempre: la identidad colectiva de Cataluña —debida a sus hechos diferenciales por razón de lengua, historia, cultura y derecho civil— la configura como una nación y, de acuerdo con el principio de las nacionalidades según el cual a toda nación le corresponde un Estado, Cataluña tiene derecho a separarse de España para constituirse su propio Estado.
Podría argüirse con poderosos argumentos que el actual Estado de las autonomías protege perfectamente estos hechos diferenciales que distinguen a Cataluña. Por un lado, la lengua catalana nunca ha tenido mayor desarrollo que en estos años de democracia: no sólo es oficial sino que es ampliamente conocida y hablada. Por otro, en ningún momento de la historia el territorio de Cataluña se ha constituido como organización política independiente, sea cual fuere la época de la que hablemos: a lo más disfrutaba de autonomía dentro de una entidad más amplia. Por último, las competencias de la Generalitat en cultura y derecho civil —esta última interpretada con la máxima amplitud— permiten decir que ambas están más que garantizadas.
Pero los nacionalistas, como ya hemos dicho, siempre aspiran a un Estado propio y consideran a la autonomía como un mero peldaño para acceder a él. A fines de los años 70, ya en época democrática, los militantes de CiU coreaban en las manifestaciones a favor del Estatuto de autonomía el siguiente lema: “Avui paciència, demà independència”. La paciencia —la etapa autonómica— debía aprovecharse para edificar lo cimientos del mañana, de la independencia. Con esta finalidad se crearon unas instituciones autonómicas lo más semejantes posibles a un Estado e inmediatamente se aprovechó cualquier ocasión para subrayar su insuficiencia e, implícitamente, reclamar la necesidad de un Estado propio. Ahí empezó el proceso que ahora está llegando a su punto culminante.
En la última década este proceso se ha acelerado por varias razones. En primer lugar, por el inmenso error de los socialistas catalanes al proponer a Esquerra Republicana reformar conjuntamente el Estatuto de 1979. Con ERC se pueden pactar, por ejemplo, políticas de vivienda, medio ambiente o servicios sociales, pero nunca la reforma de un Estatuto en el que, como partido independentista, ni creen ni creerán nunca si son consecuentes con su ideario, que lo son. Pues bien, esa insensatez la llevó a cabo el partido dirigido por Maragall y por Montilla. Ciertamente con ello consiguieron derrotar a CiU y acceder al Gobierno de la Generalitat, presidencia incluida, pero desataron todas las furias: hicieron subir a los nacionalistas varios peldaños de golpe, la paciencia se había acabado y llegaba el momento de la independencia.
La reforma estatutaria supuso no sólo la devaluación del anterior Estatuto sino también de la propia Constitución ya que al aprobar un nuevo texto claramente inconstitucional, tuvo que ser declarado nulo en muchas de sus preceptos esenciales por el TC. Naturalmente, desde los sectores nacionalistas se aprovechó la ocasión para decir que las aspiraciones de Cataluña no cabían en esta Constitución manejada por un Tribunal partidista que dictaba sentencias políticas. Junto a ello se orquestó una campaña basada en una manipulación de las llamadas balanzas fiscales para intentar convencer a los catalanes que estaban financieramente discriminados, llegándose a utilizar términos —“España nos roba”, “expolio catalán”— que eran un puro insulto al resto de españoles. Todo ello en medio de una gravísima crisis económica que fue aprovechada por los nacionalistas para argumentar que la única salida viable era la independencia.
En definitiva, el clima político creado en Cataluña a lo largo de estos años ha alcanzado sus fines: ampliar el número de partidarios de la independencia. Se ha partido del lema “el Estatuto de 1979 ya no nos sirve” para llegar al “España no nos sirve”, pasando por “en la Transición nos equivocamos al ceder demasiado”, “la Constitución se hizo bajo presión del franquismo”, “el TC es un órgano político y no jurisdiccional”, “con los impuestos que pagamos los catalanes vive media España”, “la situación de la lengua catalana está peor que nunca”, “España es un Estado centralista”. Esta pedagogía del odio ha hecho mella en el ciudadano: escuela, medios de comunicación, instituciones de la sociedad civil (entre ellas las distintas directivas del Barça), partidos políticos (incluidos los no oficialmente nacionalistas) y hasta sondeos demoscópicos manipulados, han contribuido a ello, todos a una. La hegemonía cultural ha pasado del paciente catalanismo político autonomista al independentismo más impaciente: “España está débil: ahora o nunca”.
Este es el actual momento político catalán. Mírese por donde se mire, la salida ya no puede ser buena: será mala o muy mala. A eso hemos llegado porque durante varias décadas se ha producido lo que la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann denominó, en un libro del mismo nombre, “la espiral del silencio”.
¿En qué consiste tal fenómeno? Consiste en que un punto de vista llega a dominar la escena pública cuando los demás —aunque en el punto de partida fueran mayoritarios— enmudecen. En efecto, ganan aquellos que tienen “energía, entusiasmo, ganas de expresar y exhibir sus convicciones” y pierden quienes callan. En la naturaleza humana hay una inclinación a formar parte del bando vencedor, nadie quiere quedar aislado. Ya lo observaba Tocqueville al referirse a la Revolución Francesa: “Temiendo más la soledad que el error, [los contrarios a la Revolución] declaraban compartir las opiniones de la mayoría”. Años después, el sociólogo Tarde advertía que las personas tienen miedo al aislamiento de los demás y desean ser respetados y queridos por ellos.
“Si lo dice la mayoría… es que es verdad”: esta es la consecuencia de la espiral del silencio. La mayoría, naturalmente, está compuesta por quienes hablan, no por quienes callan. Y, como dice Noelle-Neumann, para que en una sociedad se produzca el fenómeno de la espiral del silencio es preciso que previamente se infunda miedo, que los individuos tengan la percepción de que si se desvían del clima de opinión que se supone mayoritario están amenazados con el aislamiento y la exclusión. Es en ese clima que los individuos cambian de opinión: no tras un proceso en el que han sido convencidos mediante argumentos razonables sino debido a la presión social que amenaza al díscolo con el aislamiento y la expulsión.
En Cataluña, durante más de treinta años, ha habido y hay miedo a la soledad y a la exclusión. Miedo en las personas, en los grupos y en los partidos políticos. Miedo en la sociedad. El nacionalismo ha dominado la escena y ha excluido, cuidando de que no se notase, las voces críticas. Los callados, para autojustificarse, se van pasando al independentismo que creen está a punto de triunfar. Es la espiral del silencio. Frente a esta realidad, alguien con autoridad, en Cataluña y en España, debería superar el miedo y empezar a hablar.
Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.
sábado, 28 de diciembre de 2013
The right to decide
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2013/12/28/the-right-to-decide-in-the-catalan-independence-debate-is-far-more-complicated-than-commonly-portrayed/
miércoles, 18 de diciembre de 2013
martes, 17 de diciembre de 2013
La consulta: un par de preguntas
LOS NACIONALISTAS catalanes son maestros tanto en el arte de tergiversar la Historia, como en el de disfrazar ciertos conceptos, según les venga bien a sus intereses. Sobre el primer punto existe ya una amplia bibliografía sectaria, pero la muestra más reciente de su arraigo la tenemos en el Congreso España contra Cataluña, que se acaba de celebrar en Barcelona y en el que se ha hablado, salvo excepciones, de una Historia ficción. En lo que respecta al segundo punto, es decir, a su obsesión por disfrazar las palabras o los conceptos, hay ejemplos clásicos como el de referirse a España como el «Estado español» y también ejemplos más actuales como el famoso «derecho a decidir», en lugar del derecho de autodeterminación, o asimismo el de utilizar «consulta» por referéndum para sortear así la falta de competencia de la Generalitat para convocar referéndums, lo que ha confirmado el Tribunal Constitucional (STC 48/2003).
Ahora bien, esta facilidad para tergiversar la Historia y los conceptos, se ha visto enriquecida con la aportación que acaban de hacer triunfalmente los aliados independentistas presentando las dos preguntas que han redactado para cuando se celebre la consulta el 9 de noviembre de 2014, si es que se celebra. En este sentido, se debe recordar, como señala el constitucionalista británico J.F.S. Ross, que una condición necesaria para que todo referéndum sea válido es la de plantear bien la pregunta que se hace al pueblo. Afirma así que «la esencia del referéndum es, por supuesto, plantear una pregunta al cuerpo general de ciudadanos. Evidentemente cualquier necio puede hacer una pregunta, pero plantear la pregunta correcta y hacerlo de la forma debida es completamente otra cuestión». Un referéndum mal planteado o excesivamente técnico supone que se está confundiendo al pueblo sobre lo que se pregunta.
De este modo, en aras de la simplificación del referéndum, lo normal es que se haga una sola pregunta y se responda «sí» o «no». Sin embargo, a veces los gobernantes que plantean una consulta popular complican las cosas de tal manera que en lugar de una pregunta se hacen dos, lo cual implica entrar en el terreno resbaladizo de la confusión o incluso de la manipulación, como acaba de explicar Stéphane Dion, autor y político canadiense que algo sabe de todo esto. Pero como en este mundo siempre hay precedentes para todo, también lo hay en lo que se refiere a la pregunta dual que los nacionalistas catalanes quieren someter al electorado. Efectivamente, en Puerto Rico, en 2012, se hizo un referéndum con dos preguntas, a efectos de conocer si los puertorriqueños deseaban seguir manteniéndose como Estado asociado de Estados Unidos, primera pregunta; o, por el contrario, optaban, segunda pregunta, por una de las tres posibilidades siguientes: convertirse en el 51 Estado americano, pasar a ser un Estado independiente, o, por último, mejorar la situación actual manteniendo la soberanía de Puerto Rico y, al mismo tiempo, seguir asociados con Estados Unidos, de igual a igual. Pues bien, el resultado fue meridiano en lo que se refiere a la primera pregunta, pues el 54% de los votantes se inclinó por el no, esto es, rechazaban la situación actual, mientras que el 46% quería mantenerse tal y como están ahora. Ahora bien, en la segunda pregunta, la primera opción obtenía un 61,4%, eligiendo integrarse en los Estados Unidos; la segunda opción consiguió únicamente un 5,5%; mientras que la tercera supuso un 33,4%. La consecuencia es que tras ese confuso resultado, no se sabe todavía qué es lo que quiere realmente la mayoría de puertorriqueños, porque casi la totalidad de los electores no entendieron la pregunta.
Pues bien, la gran aportación de los nacionalistas catalanes ha sido también plantear dos preguntas confusas, en las que lo único que queda claro es que ellos distinguen dos categorías de Estado: el Estado dependiente y el Estado independiente. Esta distinción es realmente soberbia y rompe así con la doctrina clásica del Derecho Constitucional y la Ciencia Política. En efecto, cuando se utiliza simplemente la palabra Estado, procedente del italiano lo stato, que ya utilizó Maquiavelo en su clásica obra El Príncipe, lo que se quiere afirmar es que todo Estado es soberano e independiente, es decir, que en el orden interno tiene la potestad de imponer sus decisiones a los gobernados y que en el orden internacional no está sometido a ninguna otra autoridad.
Por tanto, hablar de Estado independiente es un pleonasmo, pues no hay Estado que no sea independiente. Ahora bien, cuando la palabra Estado va acompañada de algún calificativo, como Estado federado o como Estado asociado, lo que se está afirmando es que ese Estado no es independiente, porque forma parte de una federación o alianza, que impide su total independencia, como ocurre con la Unión Europea. En cualquier caso, como la pregunta que plantean los nacionalistas catalanes consiste en saber si se quiere que Cataluña sea un Estado a secas, para preguntar después, en caso afirmativo, si se desea que ese Estado sea también independiente, no hay más remedio que concluir, según lo que piensan estos iluminados, que hay dos clases de Estado: el dependiente y el independiente. Pues bien, si por casualidad se lleva a cabo la consulta, lo que es mucho suponer, habría que preguntarse qué pasaría si ganasen en la primera pregunta los síes y los noes en la segunda. En otras palabras, los catalanes optarían así por un Estado dependiente y rechazarían el Estado independiente. Así las cosas, lo que falta por saber entonces es de quién dependería ese Estado, pues en puridad no sería Estado, ya que no sería independiente ni soberano.
Llegados a este punto habría que preguntarse si los ciudadanos catalanes, a la vista del proceder de sus gobernantes en los últimos meses, son conscientes de que están en manos de unos individuos peligrosos. Es más, no solo se demuestra este desvarío en las dos preguntas que he analizado, sino que además quieren establecer un sistema de cómputo de votos que es un primor de claridad y democracia. Ciertamente, según ha señalado Marta Rovira, secretaria general de ERC, el pacto que se ha establecido entre su partido, CiU, ICV-EUiA y la CUP, certifica que solo sería necesaria una mayoría simple a favor del sí, en cada una de las dos preguntas que se plantean, para que se obtuviese la independencia. Según ella, con un 26% del total de participantes en la consulta que votasen a favor de la opción independentista de forma explícita, Cataluña lograría su independencia plena, es decir, con esta minoría se acabaría con el Estado más antiguo de Europa. Su confusión es de tal calibre que durante la conferencia de prensa que celebró el pasado viernes, llegó a decir que la propuesta «era una mala pregunta», rectificando enseguida su lapsus freudiano.
LA SECRETARIA de ERC también ha dejado otra perla en sus comentarios. Según ella, la Carta de las Naciones Unidas está por encima de la Constitución, por lo que hay que admitir el derecho de autodeterminación que a su parecer reconoce dicho documento internacional. En efecto, el artículo 1.2 de la Carta dice que una de las funciones de las Naciones Unidas, entre otras, es la de respetar «el principio de la libre determinación de los pueblos». Cierto, pero esto era un postulado válido en el año 1945 y sirvió para que se llevase a cabo la descolonización de muchos pueblos, pero en el año 2013 ya no quedan apenas colonias en este mundo y desde luego no parece que sea el caso de Cataluña. Es más: la secretaria de ERC debería seguir leyendo la Carta de las Naciones Unidas, porque se afirma también de forma taxativa en ella que en las relaciones internacionales la ONU se abstendrá de recurrir al uso de la fuerza contra la «integridad territorial de los Estados», cláusula que todas las Constituciones democráticas suelen incluir y, entre ellas, la española, que así lo establece en los artículos 2 y 8. Evidentemente, Marta Rovira no ha debido leer con atención la citada Carta, porque mantiene igualmente que se dice en ella que la soberanía recae sobre los pueblos y no sobre los Estados. Conviene, por tanto, que la relea nuevamente para comprobar que los miembros de la ONU son los Estados y no los pueblos.
Por otro lado, el presidente del mismo partido, Oriol Junqueras no se cansa de repetir que la democracia está por encima de la Constitución. Es más, ahora los independentistas piensan llevar a cabo una campaña internacional con el lema: «Let us vote». Sin embargo, no acaban de darse cuenta de que estamos en un Estado de Derecho, que se rige por una Constitución que en el año 1978 fue votada en Cataluña por el 90,5% de los electores y que, por consiguiente, lo que señala la primera Norma del Estado vincula a todos. Por lo demás, también se aferran a otro silogismo falso que consiste en que no admiten que los 12 jueces del Tribunal Constitucional hayan podido anular algunos artículos del Estatuto que había sido aprobado en Cataluña con menos del 50% del electorado y que rebasaba los límites constitucionales por todas partes. Según ellos, no pueden existir normas jurídicas que vayan contra la democracia, pero se niegan a reconocer que no pueda haber democracia sin normas que la regulen y que hay que respetar. El Tribunal Constitucional obtiene su legitimidad de la propia Constitución que los catalanes aprobaron y, por tanto, sus actuaciones, incluso rechazando artículos de un texto aprobado en referéndum, son completamente legales y legítimas, porque al actuar así están cumpliendo con su obligación más genuina: vigilar por la integridad y el respeto de la Constitución. De ahí que el eslogan que han elegido para su campaña internacional no debería ser «Let us vote», sino «Let us break our Constitution».
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.
lunes, 16 de diciembre de 2013
domingo, 15 de diciembre de 2013
La historia no contada en Cataluña
http://www.abc.es/espana/20131215/abci-cataluna-historia-espana-201312141942.html
Diario de un no nacionalista
http://www.periodistadigital.com/cataluna/tarragona/2013/12/15/artur-mas-rumbo-al-rubicon.shtml
sábado, 14 de diciembre de 2013
viernes, 13 de diciembre de 2013
Autopista al sí
Desde el punto de vista exclusivamente técnico, las dos preguntas que
ha consensuado Artur Mas con las formaciones que respaldan su proceso
soberanista son malas: pretendiendo ser rotundas y precisas, resultan,
en realidad, ambiguas y equívocas. Y, por lo tanto, si finalmente se
usaran, no permitirían saber con indiscutible claridad lo que quienes
las respondan habrían querido decir. Por ejemplo, en su actual
formulación, estas preguntas no serían de recibo en un estudio
demoscópico que aspirase a ser razonablemente honesto y veraz.
En la primera pregunta (“¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”), la opción de ser un Estado se contrapone a la opción de ser... algo que no se dice y que se da por sobrentendido o que se deja a la imaginación de cada cual. La pregunta resulta así desequilibrada y, por tanto, sesgada: propone una opción entre algo que sí se explicita y algo que, en cambio, no se menciona y que queda en nebulosa. Es decir, incurre precisamente en lo que los manuales sobre el arte de preguntar advierten que no debe hacerse nunca —salvo que lo que se pretenda sea un mero ejercicio de ventriloquía—: que a los preguntados no se les presenten, en estricta igualdad de condiciones, las opciones que se contraponen.
La segunda pregunta (para la que la primera actúa de filtro) incurre exactamente en el mismo defecto (potenciado por la redundancia en el mismo, como con frecuencia ocurre cuando se secuencian errores). Aquellos que en la primera pregunta hubieran optado por que Cataluña sea un Estado en vez de no-se-sabe-muy-bien-qué, se encontrarían con una segunda disyuntiva asimismo incompleta y, por tanto, igualmente pseudodisyuntiva: “¿Quiere que sea un Estado independiente?”. Lo que connota la opción afirmativa a esta nueva pregunta queda razonablemente claro; pero ¿a qué es a lo que exactamente se estaría contraponiendo esta opción? ¿En qué cabría entender que estarían pensando quienes decidiesen responder “no”? Una vez más, la claridad frente a la nebulosa, una oferta concreta frente a otra innominada.
Por otra parte, los manuales (y sobre todo, la experiencia demoscópica, que es tan amplia como rotunda) enseñan que las preguntas con respuesta tipo si/no deben ser redactadas con sumo tacto y cuidado, pues resulta menos oneroso, psicológicamente, para el ciudadano medio conceder que negar, aceptar que rechazar, admitir que condenar, afirmar que negar. Quizá sea por azar, pero no deja de ser llamativo que las dos respuestas que van en el sentido que los sectores soberanistas desearían ver apoyado sean, ambas, un sí.
Sin por ello prejuzgar una intención consciente en los redactores de estas preguntas, sí cabe al menos pensar que les ha traicionado su subconsciente: no parecen haber sabido controlar sus sentimientos del modo en que, profesionalmente, deben tratar de hacerlo quienes pretendan averiguar, honestamente y de buena fe, lo que piensan los demás, y no solo inducirles a contestar lo que se desea oírles decir. Así, el resultado es que las dos preguntas constituyen una autopista para quienes, desde ya, tienen clara su opción independentista, pero suponen un dificultoso y desmotivador camino de cabras para quienes dudan o tienen otras preferencias.
Dicho esto, conviene recordar que el actual malestar de gran parte de la ciudadanía catalana no parece algo pasajero: refleja un sentimiento real y profundo cuya gestión requiere con creciente urgencia, allí y en el resto de España, liderazgos serenos y conciliadores. Tensar la cuerda puede acabar rompiéndola, pero ello no supondrá el final del problema, sino un paso más en su envenenamiento. Por otro lado, serenidad y espíritu conciliador no son sinónimos de entreguismo o de dejación de los propios ideales. Reconocer la singularidad de Cataluña no equivale a agraviar al resto de España, como algunos vociferan desde Madrid con trasnochado patrioterismo. Aceptar que una parte sustancial de su ciudadanía sueña con la independencia, aunque dos de cada tres catalanes piensen que en la práctica es imposible, resulta ineludible: hay que entenderlo, aunque no se comparta. Pero al mismo tiempo, presentar a España como la fuente irrefutablemente única de todos los males de Cataluña desde hace siglos no puede sino producir sonrojo intelectual a quien no acepte unas anteojeras ideológicas que rozan lo pueril.
En el momento actual, la sociedad catalana —según todos los datos disponibles— solo coincide en el deseo de un encaje político en España distinto del actual; pero, a la vez, dista mucho de coincidir en cómo habría de articularse ese nuevo esquema. Tratar unos de llevar la situación a un límite extremo (en la desesperada creencia de que cuanto peor, mejor) y optar otros por el inmovilismo o el legalismo ramplón, nos condena a todos a una situación que, sinceramente, no nos merecemos y, además, en modo alguno es necesaria.
En la primera pregunta (“¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?”), la opción de ser un Estado se contrapone a la opción de ser... algo que no se dice y que se da por sobrentendido o que se deja a la imaginación de cada cual. La pregunta resulta así desequilibrada y, por tanto, sesgada: propone una opción entre algo que sí se explicita y algo que, en cambio, no se menciona y que queda en nebulosa. Es decir, incurre precisamente en lo que los manuales sobre el arte de preguntar advierten que no debe hacerse nunca —salvo que lo que se pretenda sea un mero ejercicio de ventriloquía—: que a los preguntados no se les presenten, en estricta igualdad de condiciones, las opciones que se contraponen.
La segunda pregunta (para la que la primera actúa de filtro) incurre exactamente en el mismo defecto (potenciado por la redundancia en el mismo, como con frecuencia ocurre cuando se secuencian errores). Aquellos que en la primera pregunta hubieran optado por que Cataluña sea un Estado en vez de no-se-sabe-muy-bien-qué, se encontrarían con una segunda disyuntiva asimismo incompleta y, por tanto, igualmente pseudodisyuntiva: “¿Quiere que sea un Estado independiente?”. Lo que connota la opción afirmativa a esta nueva pregunta queda razonablemente claro; pero ¿a qué es a lo que exactamente se estaría contraponiendo esta opción? ¿En qué cabría entender que estarían pensando quienes decidiesen responder “no”? Una vez más, la claridad frente a la nebulosa, una oferta concreta frente a otra innominada.
Por otra parte, los manuales (y sobre todo, la experiencia demoscópica, que es tan amplia como rotunda) enseñan que las preguntas con respuesta tipo si/no deben ser redactadas con sumo tacto y cuidado, pues resulta menos oneroso, psicológicamente, para el ciudadano medio conceder que negar, aceptar que rechazar, admitir que condenar, afirmar que negar. Quizá sea por azar, pero no deja de ser llamativo que las dos respuestas que van en el sentido que los sectores soberanistas desearían ver apoyado sean, ambas, un sí.
Sin por ello prejuzgar una intención consciente en los redactores de estas preguntas, sí cabe al menos pensar que les ha traicionado su subconsciente: no parecen haber sabido controlar sus sentimientos del modo en que, profesionalmente, deben tratar de hacerlo quienes pretendan averiguar, honestamente y de buena fe, lo que piensan los demás, y no solo inducirles a contestar lo que se desea oírles decir. Así, el resultado es que las dos preguntas constituyen una autopista para quienes, desde ya, tienen clara su opción independentista, pero suponen un dificultoso y desmotivador camino de cabras para quienes dudan o tienen otras preferencias.
Dicho esto, conviene recordar que el actual malestar de gran parte de la ciudadanía catalana no parece algo pasajero: refleja un sentimiento real y profundo cuya gestión requiere con creciente urgencia, allí y en el resto de España, liderazgos serenos y conciliadores. Tensar la cuerda puede acabar rompiéndola, pero ello no supondrá el final del problema, sino un paso más en su envenenamiento. Por otro lado, serenidad y espíritu conciliador no son sinónimos de entreguismo o de dejación de los propios ideales. Reconocer la singularidad de Cataluña no equivale a agraviar al resto de España, como algunos vociferan desde Madrid con trasnochado patrioterismo. Aceptar que una parte sustancial de su ciudadanía sueña con la independencia, aunque dos de cada tres catalanes piensen que en la práctica es imposible, resulta ineludible: hay que entenderlo, aunque no se comparta. Pero al mismo tiempo, presentar a España como la fuente irrefutablemente única de todos los males de Cataluña desde hace siglos no puede sino producir sonrojo intelectual a quien no acepte unas anteojeras ideológicas que rozan lo pueril.
En el momento actual, la sociedad catalana —según todos los datos disponibles— solo coincide en el deseo de un encaje político en España distinto del actual; pero, a la vez, dista mucho de coincidir en cómo habría de articularse ese nuevo esquema. Tratar unos de llevar la situación a un límite extremo (en la desesperada creencia de que cuanto peor, mejor) y optar otros por el inmovilismo o el legalismo ramplón, nos condena a todos a una situación que, sinceramente, no nos merecemos y, además, en modo alguno es necesaria.
El carro delante de los bueyes
Ya está puesto el carro delante de los bueyes. Ya está formulada la
pregunta del referéndum sobre la independencia de Cataluña, cuando casi
todos saben que no se celebrará esa consulta, al menos tal como se ha
presentado, ni en el calendario propuesto. Enorme paradoja: se trata de
una pregunta destinada a no ser planteada a los ciudadanos.
Aún no se ha respondido cabalmente a otra pregunta previa. ¿Por qué una inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes, superior al 80%, viene reivindicando la celebración de un referéndum sobre su futuro? No solo por el revés jurídico causado por la famosa sentencia que dictó en 2010 el Tribunal Constitucional enmendando el Estatuto de 2006; no solo por el instinto de reagrupación automática frente a la crisis económica, hábilmente encauzado por el poder cercano en contra del poder lejano, trocado en rival; no solo por la contrarreforma centralizadora galopante desde hace casi dos años. También porque votar es un mecanismo obvio para recuperar —en parte, o todo, o aún más— el poder y el reconocimiento perdidos mediante lo que se percibe como humillación: el secuestro institucional del referéndum estatutario. Si un clavo arranca otro clavo, una votación saldaría el vacío dejado por la anulación de la anterior.
Pero un referéndum sobre asunto tan capital como una eventual separación es un método muy precario para encauzar el problema, sobre todo en sociedades que no sean comparables a la suiza, tan habituada a ese expediente. De hecho, es el peor método, salvo que se cieguen todos los demás. Un año largo sin diálogo Barcelona-Madrid; un año largo de puntilloso y pugnaz retroceso en el perfil del Estado autonómico, de la ley Wert a las reformas administrativas; un año largo de estigmatización de cualquier propuesta que no sea la interpretación restrictiva de la Constitución, a la que se ha querido convertir en escenario de cartón piedra... Estos 12 largos meses no han hecho otra cosa que multiplicar la fabricación de independentistas, ante la ausencia de una propuesta oficial española para Cataluña —salvo sea la reforma constitucional federal propugnada por los socialistas, más ambiciosa de lo que ha querido ver esa legión de comentaristas que ni siquiera la han leído—. Y así nos vemos abocados a una propuesta de referéndum que por su carácter binario es reduccionista. Y quiérase o no, excluyente de las posiciones intermedias. Lo cual aparece como más grave cuanto esas son sociológicamente las actitudes mayoritarias, como vienen evidenciando las encuestas y, lo que es más decisivo, la reciente historia de Cataluña.
La pregunta conocida ayer, tras meses de mareo monotemático, acusa dos graves deficiencias. Una es su estructura interna. No plantea opciones distintas, sino un encadenamiento que conduce lógicamente a la prevalencia de la secesión. En efecto, la primera parte inquiere sobre la preferencia porque Cataluña sea “un Estado”, a lo que en principio asentirían no solo los independentistas sino también los partidarios de las federaciones de Estados (federados), los admiradores de las construcciones confederales y los subyugados por la ambigua formulación de un Estado “propio” (que tanto puede ser uno unitario cuanto otro segregado), y todos los mediopensionistas. El valor polisémico del concepto agruparía, pues, a un cuerpo social muy poliédrico. Y a partir de recogerlo todo, enteramente (como en las buenas aplicaciones de los partidos políticos catch all) se le desliza con aparente naturalidad, al modo de la secuencia de una bola de nieve en descenso, a la segunda cuestión, si ese Estado debe ser independiente.
La otra dramática deficiencia estriba en que, a diferencia del caso de Reino Unido-Escocia, las cuestiones esenciales del formato, esto es, el tenor de la pregunta y el calendario, no son el resultado de un pacto entre las distintas partes implicadas, sino producto de una decisión unilateral. Es un desaguisado, porque consagra y solemniza la cesura, sin haber agotado todas las vías de entendimiento posible. La responsabilidad de este percance recae sobre los dos nacionalismos en acción, el catalán y el español. Sobre este último, porque el Gobierno del PP no solo ha sido incapaz de formular alternativas, sino siquiera de aceptar metodológicamente el principio democrático de dirimir la discordancia mediante las urnas. ¿Con qué formato que no rozase derechos de todas o de una de las partes?, se dirá. Con el que fuese resultado de un diálogo estructurado y de una negociación honesta, encajable en la Constitución leída abiertamente y con opción a opinar, antes o después, de todos. ¿A la británica? O a un modo parecido.
Desde el lado de la coalición nacionalista-independentista catalana (básicamente CiU-Esquerra) el llamado “proceso” que en estas horas registra una alta temperatura agitatoria, ha registrado unos acusadísimos déficits democráticos en relación con los ciudadanos de Cataluña. Hoy conviene precisarlos con más detalle que el comportamiento antes resumido, porque la cuestión candente es la de la pregunta, tan tributaria del recorrido anterior. Son estos:
— Se ha reivindicado un referéndum que solo aparentemente versaba “sobre” la “independencia”. De hecho, se ha ido configurando como un referéndum “por” y “para” la “independencia”. El Gobierno autónomo ha actuado de hecho presumiendo una respuesta favorable a la separación, contra el ejemplo británico-escocés de total respeto a la situación existente mientras no se operase su modificación (cláusula rebus sic stantibus). Ha puesto en pie, y proclamándolo abiertamente, “estructuras de Estado”, propias de un Estado independiente. Y ha establecido un “Consejo de Transición nacional” de expertos y asesores en su abrumadora mayoría partidarios de la independencia, que marca las pautas y las opciones, tanto más que del referéndum, del camino a la secesión.
— Ha habido una diferencia abismal entre la veracidad empleada y la lealtad practicada respecto a los electores entre los partidos de Gobierno, en Escocia y en Cataluña. El Scottish National Party ha jugado limpio en un asunto fundamental: ha propuesto en dos ocasiones en su programa electoral la celebración de un referéndum sobre la independencia; ha ganado las elecciones en ambas ocasiones; y en la segunda, con mayoría absoluta. Mientras, la coalición nacionalista catalana en el poder no ha utilizado jamás en la historia, jamás, el concepto “independencia” en sus programas electorales. Pero la ha balizado con subterfugios y sucedáneos. Y ahora patrocina una improvisada precipitación hacia ella.
— El Gobierno de la Generalitat ha utilizado masivamente un lenguaje ambiguo conducente a la confusión de los ciudadanos, con el resultado de minimizar la seriedad e importancia del proceso. No se hablaba de “autodeterminación” o de “convocatoria de un referéndum”, sino de “derecho a decidir” y de celebración de una “consulta”. Apenas se mencionaron los conceptos “independencia” o “separación”, reemplazados por el menos conflictivo y más amable de “soberanía”. No se aludía, hasta hoy, a un “Estado separado”, ni siquiera a un “Estado independiente”, sino a un “Estado propio”, que podría ser común al del conjunto de los españoles, o particular para los catalanes.
— El Gobierno autónomo ha ocultado, minimizado o ignorado las consecuencias eventualmente negativas (o que puedan ser percibidas como negativas por la población) de un proceso independentista: la exclusión (incluso momentánea) de Naciones Unidas; la marginación de la Unión Europea y la necesidad de una petición de ingreso y de un proceso de negociación para la adhesión, con el requerimiento de la (problemática) unanimidad de todos los Estados miembros (como acaba de reconocer el Gobierno escocés); la exclusión de la unión monetaria (escudándose en el argumento inane de que se usaría el euro); los eventuales efectos de una desviación de comercio (intraespañol e intraeuropeo) y de una eventual reposición de otras barreras…
— La masiva utilización de los medios públicos de información como canales de propaganda unidireccional, hasta el punto de que la propia televisión pública autonómica se ha convertido en convocante activo de los eventos de movilización y agitación proindependentistas, principalmente manifestaciones y conciertos (con coberturas técnicamente magníficas en directo), mientras los de signo contrario o simplemente discrepante se ignoraban.
Y ahora ¿qué? Ahora todo se complicará más, todo se polarizará aún más, todo concitará más desencuentro y fraguará frustraciones futuras. Salvo que a este paso en falso le suceda una respuesta abierta, sólida, acogedora, atractiva.
Aún no se ha respondido cabalmente a otra pregunta previa. ¿Por qué una inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes, superior al 80%, viene reivindicando la celebración de un referéndum sobre su futuro? No solo por el revés jurídico causado por la famosa sentencia que dictó en 2010 el Tribunal Constitucional enmendando el Estatuto de 2006; no solo por el instinto de reagrupación automática frente a la crisis económica, hábilmente encauzado por el poder cercano en contra del poder lejano, trocado en rival; no solo por la contrarreforma centralizadora galopante desde hace casi dos años. También porque votar es un mecanismo obvio para recuperar —en parte, o todo, o aún más— el poder y el reconocimiento perdidos mediante lo que se percibe como humillación: el secuestro institucional del referéndum estatutario. Si un clavo arranca otro clavo, una votación saldaría el vacío dejado por la anulación de la anterior.
Pero un referéndum sobre asunto tan capital como una eventual separación es un método muy precario para encauzar el problema, sobre todo en sociedades que no sean comparables a la suiza, tan habituada a ese expediente. De hecho, es el peor método, salvo que se cieguen todos los demás. Un año largo sin diálogo Barcelona-Madrid; un año largo de puntilloso y pugnaz retroceso en el perfil del Estado autonómico, de la ley Wert a las reformas administrativas; un año largo de estigmatización de cualquier propuesta que no sea la interpretación restrictiva de la Constitución, a la que se ha querido convertir en escenario de cartón piedra... Estos 12 largos meses no han hecho otra cosa que multiplicar la fabricación de independentistas, ante la ausencia de una propuesta oficial española para Cataluña —salvo sea la reforma constitucional federal propugnada por los socialistas, más ambiciosa de lo que ha querido ver esa legión de comentaristas que ni siquiera la han leído—. Y así nos vemos abocados a una propuesta de referéndum que por su carácter binario es reduccionista. Y quiérase o no, excluyente de las posiciones intermedias. Lo cual aparece como más grave cuanto esas son sociológicamente las actitudes mayoritarias, como vienen evidenciando las encuestas y, lo que es más decisivo, la reciente historia de Cataluña.
La pregunta conocida ayer, tras meses de mareo monotemático, acusa dos graves deficiencias. Una es su estructura interna. No plantea opciones distintas, sino un encadenamiento que conduce lógicamente a la prevalencia de la secesión. En efecto, la primera parte inquiere sobre la preferencia porque Cataluña sea “un Estado”, a lo que en principio asentirían no solo los independentistas sino también los partidarios de las federaciones de Estados (federados), los admiradores de las construcciones confederales y los subyugados por la ambigua formulación de un Estado “propio” (que tanto puede ser uno unitario cuanto otro segregado), y todos los mediopensionistas. El valor polisémico del concepto agruparía, pues, a un cuerpo social muy poliédrico. Y a partir de recogerlo todo, enteramente (como en las buenas aplicaciones de los partidos políticos catch all) se le desliza con aparente naturalidad, al modo de la secuencia de una bola de nieve en descenso, a la segunda cuestión, si ese Estado debe ser independiente.
La otra dramática deficiencia estriba en que, a diferencia del caso de Reino Unido-Escocia, las cuestiones esenciales del formato, esto es, el tenor de la pregunta y el calendario, no son el resultado de un pacto entre las distintas partes implicadas, sino producto de una decisión unilateral. Es un desaguisado, porque consagra y solemniza la cesura, sin haber agotado todas las vías de entendimiento posible. La responsabilidad de este percance recae sobre los dos nacionalismos en acción, el catalán y el español. Sobre este último, porque el Gobierno del PP no solo ha sido incapaz de formular alternativas, sino siquiera de aceptar metodológicamente el principio democrático de dirimir la discordancia mediante las urnas. ¿Con qué formato que no rozase derechos de todas o de una de las partes?, se dirá. Con el que fuese resultado de un diálogo estructurado y de una negociación honesta, encajable en la Constitución leída abiertamente y con opción a opinar, antes o después, de todos. ¿A la británica? O a un modo parecido.
Desde el lado de la coalición nacionalista-independentista catalana (básicamente CiU-Esquerra) el llamado “proceso” que en estas horas registra una alta temperatura agitatoria, ha registrado unos acusadísimos déficits democráticos en relación con los ciudadanos de Cataluña. Hoy conviene precisarlos con más detalle que el comportamiento antes resumido, porque la cuestión candente es la de la pregunta, tan tributaria del recorrido anterior. Son estos:
— Se ha reivindicado un referéndum que solo aparentemente versaba “sobre” la “independencia”. De hecho, se ha ido configurando como un referéndum “por” y “para” la “independencia”. El Gobierno autónomo ha actuado de hecho presumiendo una respuesta favorable a la separación, contra el ejemplo británico-escocés de total respeto a la situación existente mientras no se operase su modificación (cláusula rebus sic stantibus). Ha puesto en pie, y proclamándolo abiertamente, “estructuras de Estado”, propias de un Estado independiente. Y ha establecido un “Consejo de Transición nacional” de expertos y asesores en su abrumadora mayoría partidarios de la independencia, que marca las pautas y las opciones, tanto más que del referéndum, del camino a la secesión.
— Ha habido una diferencia abismal entre la veracidad empleada y la lealtad practicada respecto a los electores entre los partidos de Gobierno, en Escocia y en Cataluña. El Scottish National Party ha jugado limpio en un asunto fundamental: ha propuesto en dos ocasiones en su programa electoral la celebración de un referéndum sobre la independencia; ha ganado las elecciones en ambas ocasiones; y en la segunda, con mayoría absoluta. Mientras, la coalición nacionalista catalana en el poder no ha utilizado jamás en la historia, jamás, el concepto “independencia” en sus programas electorales. Pero la ha balizado con subterfugios y sucedáneos. Y ahora patrocina una improvisada precipitación hacia ella.
— El Gobierno de la Generalitat ha utilizado masivamente un lenguaje ambiguo conducente a la confusión de los ciudadanos, con el resultado de minimizar la seriedad e importancia del proceso. No se hablaba de “autodeterminación” o de “convocatoria de un referéndum”, sino de “derecho a decidir” y de celebración de una “consulta”. Apenas se mencionaron los conceptos “independencia” o “separación”, reemplazados por el menos conflictivo y más amable de “soberanía”. No se aludía, hasta hoy, a un “Estado separado”, ni siquiera a un “Estado independiente”, sino a un “Estado propio”, que podría ser común al del conjunto de los españoles, o particular para los catalanes.
— El Gobierno autónomo ha ocultado, minimizado o ignorado las consecuencias eventualmente negativas (o que puedan ser percibidas como negativas por la población) de un proceso independentista: la exclusión (incluso momentánea) de Naciones Unidas; la marginación de la Unión Europea y la necesidad de una petición de ingreso y de un proceso de negociación para la adhesión, con el requerimiento de la (problemática) unanimidad de todos los Estados miembros (como acaba de reconocer el Gobierno escocés); la exclusión de la unión monetaria (escudándose en el argumento inane de que se usaría el euro); los eventuales efectos de una desviación de comercio (intraespañol e intraeuropeo) y de una eventual reposición de otras barreras…
— La masiva utilización de los medios públicos de información como canales de propaganda unidireccional, hasta el punto de que la propia televisión pública autonómica se ha convertido en convocante activo de los eventos de movilización y agitación proindependentistas, principalmente manifestaciones y conciertos (con coberturas técnicamente magníficas en directo), mientras los de signo contrario o simplemente discrepante se ignoraban.
Y ahora ¿qué? Ahora todo se complicará más, todo se polarizará aún más, todo concitará más desencuentro y fraguará frustraciones futuras. Salvo que a este paso en falso le suceda una respuesta abierta, sólida, acogedora, atractiva.
jueves, 12 de diciembre de 2013
Los nazis están entre nosotros
Un ejemplo que no debe cundir..
Imagínense el siguiente escenario distópico: después de un partido de
fútbol, en uno de los estadios más grandes de Alemania, uno de los
jugadores se hace con un micrófono y grita: “¡Heil Hitler!” Más de
30.000 personas contestan con una sola voz: “¡Heil!”. Solamente unos
días más tarde, el 65% de los alemanes decide votar contra los
homosexuales en un referéndum nacional. Al mismo tiempo, se están ya
recogiendo firmas para organizar otro referéndum, esta vez para prohibir
la lengua yiddish. ¿Cómo llamarían ustedes a estos acontecimientos?
¿Democracia, o tal vez… nazismo?
Hasta ahora, Croacia había celebrado tres referéndums, el primero tuvo lugar en 1991, para declarar su independencia de Yugoslavia, el segundo se celebró en 2012, sobre el acceso a la Unión Europea, y el tercero se ha celebrado el 1 de diciembre de 2013, para cambiar la definición de matrimonio en la Constitución. Justo unos días antes del referéndum, en la celebración de la clasificación de Croacia para la Copa del Mundo, el futbolista Joe Šimunic', agarró un micrófono y gritó a los aficionados desde el terreno de juego: “¡Por la patria!”. Los 30.000 fans contestaron: “¡Listos!”, lo cual podría no sonar como nada en especial si no fuera porque había empleado la frase “Za dom spredni!”, un antiguo grito de guerra utilizado por los ustashas, los colaboradores croatas del régimen nazi que enviaron a decenas de miles de serbios, judíos y otros a los campos de concentración.
En 1941, el régimen croata pro-nazi promulgó una ley que prohibía el alfabeto cirílico en el territorio del Estado Independiente de Croacia (NDH); a diferencia de ello, el actual gobierno croata se propone establecer una ley según la cual el bilingüismo sea indispensable en los lugares donde una minoría supere el 30% de la población. En septiembre de este año se pusieron placas en cirílico en edificios oficiales de Vukovar, una ciudad que fue asediada y destruida por los serbios en 1991. Pero los carteles fueron derribados por manifestantes enfurecidos. Los mismos que ahora han empezado a reunir firmas para que se celebre un referéndum sobre los derechos de las minorías étnicas bilingües con el objetivo principal de que, para la introducción del bilingüismo en favor de una minoría étnica, se eleve el umbral al 50% de la población. En otras palabras, a algún genio se le ha ocurrido la idea de que una minoría puede tener derechos solamente si es una mayoría.
Lo que demostró el 65% que votó a favor de prohibir los derechos de los gais es que la verdadera amenaza para la familia —que supuestamente es lo que se defendía durante el referéndum constitucional croata— no son los gais ni otras minorías. La verdadera amenaza para la familia es exactamente toda esa gente que no se da cuenta de que es el capitalismo el que la está destruyendo. Tan sólo una semana antes del referéndum, el gobierno croata dejó preparado el plan para privatizar el agua. Y por lo que respecta a la falta de empleo entre los jóvenes, Croacia solamente se ve superada por Grecia y España, con un 52% de índice de desempleo. En lugar de organizar un referéndum sobre ese tipo de problemas, Croacia gastó 6,2 millones de euros en un referéndum para definir algo que ya está definido en la ley sobre la familia: el matrimonio es una comunidad legalmente regulada entre una mujer y un hombre.
Pero sería erróneo sacar con ello la conclusión de que Croacia vuelve
a estar ahora más cerca de los Balcanes y de países conservadores como
Polonia, Hungría, Bulgaria o Rumania. ¿Qué decir entonces de las decenas
de miles de manifestantes que desfilaron en París en marzo de 2013 en
contra de la nueva ley francesa de matrimonios del mismo sexo? ¿Y qué
hay del ambiente existente hacia las minorías, incluso en países como
Dinamarca o Suecia, por no hablar de Italia o Grecia?
Parece más oportuno que nunca sacar a colación un viejo chiste. En el control de pasaportes del aeropuerto de Zagreb, un oficial le pregunta a un turista: “¿Cuál es su nacionalidad?” El turista contesta: “Alemán”. Entonces le pregunta el oficial: “¿Ocupación?”. Y el alemán le contesta: “No, sólo de vacaciones”. Por un lado, el gobierno croata —sin excesiva presión de la Troika— está haciendo el trabajo de Angela Merkel. Por el otro, ya no necesitamos ninguna ocupación más de los nazis, puesto que los nazis están viviendo entre nosotros. Ante esta situación, los alemanes pueden sentirse realmente relajados y disfrutar de sus vacaciones.
Lo que nos ha mostrado el referéndum constitucional croata no ha sido sólo un mal uso de la democracia y una reacción conservadora; es en realidad todo un síntoma del corazón podrido de Europa, de un continente que no sólo se está pareciendo cada vez más al distópico escenario descrito más arriba, sino que hace realidad las peores pesadillas del siglo XX. O, como diría el poeta croata Marko Pogacar: “Lo único que es más horrible que el fascismo es el fascismo moderado”.
Hasta ahora, Croacia había celebrado tres referéndums, el primero tuvo lugar en 1991, para declarar su independencia de Yugoslavia, el segundo se celebró en 2012, sobre el acceso a la Unión Europea, y el tercero se ha celebrado el 1 de diciembre de 2013, para cambiar la definición de matrimonio en la Constitución. Justo unos días antes del referéndum, en la celebración de la clasificación de Croacia para la Copa del Mundo, el futbolista Joe Šimunic', agarró un micrófono y gritó a los aficionados desde el terreno de juego: “¡Por la patria!”. Los 30.000 fans contestaron: “¡Listos!”, lo cual podría no sonar como nada en especial si no fuera porque había empleado la frase “Za dom spredni!”, un antiguo grito de guerra utilizado por los ustashas, los colaboradores croatas del régimen nazi que enviaron a decenas de miles de serbios, judíos y otros a los campos de concentración.
En 1941, el régimen croata pro-nazi promulgó una ley que prohibía el alfabeto cirílico en el territorio del Estado Independiente de Croacia (NDH); a diferencia de ello, el actual gobierno croata se propone establecer una ley según la cual el bilingüismo sea indispensable en los lugares donde una minoría supere el 30% de la población. En septiembre de este año se pusieron placas en cirílico en edificios oficiales de Vukovar, una ciudad que fue asediada y destruida por los serbios en 1991. Pero los carteles fueron derribados por manifestantes enfurecidos. Los mismos que ahora han empezado a reunir firmas para que se celebre un referéndum sobre los derechos de las minorías étnicas bilingües con el objetivo principal de que, para la introducción del bilingüismo en favor de una minoría étnica, se eleve el umbral al 50% de la población. En otras palabras, a algún genio se le ha ocurrido la idea de que una minoría puede tener derechos solamente si es una mayoría.
Lo que demostró el 65% que votó a favor de prohibir los derechos de los gais es que la verdadera amenaza para la familia —que supuestamente es lo que se defendía durante el referéndum constitucional croata— no son los gais ni otras minorías. La verdadera amenaza para la familia es exactamente toda esa gente que no se da cuenta de que es el capitalismo el que la está destruyendo. Tan sólo una semana antes del referéndum, el gobierno croata dejó preparado el plan para privatizar el agua. Y por lo que respecta a la falta de empleo entre los jóvenes, Croacia solamente se ve superada por Grecia y España, con un 52% de índice de desempleo. En lugar de organizar un referéndum sobre ese tipo de problemas, Croacia gastó 6,2 millones de euros en un referéndum para definir algo que ya está definido en la ley sobre la familia: el matrimonio es una comunidad legalmente regulada entre una mujer y un hombre.
La verdadera amenaza para la familia no son las
minorías, sino quienes no se dan cuenta de que es el capitalismo el que
la está destruyendo
Parece más oportuno que nunca sacar a colación un viejo chiste. En el control de pasaportes del aeropuerto de Zagreb, un oficial le pregunta a un turista: “¿Cuál es su nacionalidad?” El turista contesta: “Alemán”. Entonces le pregunta el oficial: “¿Ocupación?”. Y el alemán le contesta: “No, sólo de vacaciones”. Por un lado, el gobierno croata —sin excesiva presión de la Troika— está haciendo el trabajo de Angela Merkel. Por el otro, ya no necesitamos ninguna ocupación más de los nazis, puesto que los nazis están viviendo entre nosotros. Ante esta situación, los alemanes pueden sentirse realmente relajados y disfrutar de sus vacaciones.
Lo que nos ha mostrado el referéndum constitucional croata no ha sido sólo un mal uso de la democracia y una reacción conservadora; es en realidad todo un síntoma del corazón podrido de Europa, de un continente que no sólo se está pareciendo cada vez más al distópico escenario descrito más arriba, sino que hace realidad las peores pesadillas del siglo XX. O, como diría el poeta croata Marko Pogacar: “Lo único que es más horrible que el fascismo es el fascismo moderado”.
Srecko Horvat es filósofo croata y coautor, con Slavoj Zizek, del libro El Sur pide la palabra, de próxima aparición.
Traducción del inglés de Juan Ramón Azaola
Traducción del inglés de Juan Ramón Azaola
El español en la inmersión lingüística
Cataluña carece de un sistema para que los alumnos aprendan bien el castellano
Uno de los argumentos que con más frecuencia utiliza el gobierno catalán a favor de la inmersión lingüística es que los alumnos aprenden catalán y español hasta un nivel óptimo. Normalmente, nos dice que los alumnos catalanes conocen ambas lenguas por igual y que si una la saben mejor que la otra, ésta es siempre el español.
No hay ningún problema, pues, según la Generalitat: se cumple escrupulosamente la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que en su artículo 10.1 estipula que "los currículos deben garantizar el pleno dominio de las dos lenguas oficiales al finalizar la enseñanza obligatoria".
Estas afirmaciones son tomadas con cautela por muchos en Cataluña. ¿Una escuela monolingüe, es decir, que enseña en una sola lengua, consigue el pleno dominio de dos, así sin más? Todo aprendizaje requiere un esfuerzo, un tiempo y una dedicación. Si todo esto no está respecto al español en las escuelas, ¿cómo tiene lugar este aprendizaje?
Sabemos, porque nos lo muestra la experiencia y está suficientemente desarrollado teóricamente, que el desarrollo del lenguaje formal y complejo, escrito y oral, requiere muchos años de aprendizaje. Por esta razón, en prácticamente todas las escuelas del mundo, desde la educación primaria hasta la secundaria, la impartición de asignaturas tiene siempre dos objetivos: la adquisición de los contenidos propios de la materia y el desarrollo del lenguaje. En las escuelas, el lenguaje se desarrolla a través del uso, de la realización de tareas académicas. Así, en Cataluña, los alumnos aprenden catalán esencialmente a través de realizar las tareas escolares de todas las asignaturas en esta lengua. La asignatura de lengua catalana ayuda pero es sólo un complemento y además, está muy restringida al aprendizaje de la gramática descriptiva (qué es una preposición, qué clases de adjetivos hay, etc.)
Respecto al español, en el sistema de inmersión no se realiza ninguna asignatura en esta lengua ya que toda la enseñanza se limita a la asignatura de lengua española. Y ésta se basa esencialmente en el estudio de la gramática descriptiva, igual que en la asignatura de lengua catalana. Lo que sí llevaría a un desarrollo sólido y óptimo del español para los alumnos catalanes sería el poder realizar algunas asignaturas en esta lengua porque ello les permitiría practicar y usar la lengua. Pero esta posibilidad no existe en el currículum escolar catalán. La consecuencia es que se priva a los alumnos de la principal herramienta para el desarrollo del español formal y culto.
Para la Generalitat esto no es un problema. En Cataluña, nos dicen, el español se aprende en la calle por lo que es superfluo el aprenderlo en la escuela. Lo que se omite, sin embargo, es que este aprendizaje "en la calle" está necesariamente restringido a los registros orales y coloquiales de la lengua. Y que, por lo tanto, el aprendizaje del español en sus registros cultos y formales no puede aprenderse en la calle; debe tener lugar en la escuela. Un ejemplo puede ilustrarlo: la práctica totalidad de los alumnos catalanes saben decir "es muy necesario que hagamos esto" pero sólo algunos saben expresarse diciendo "tenemos una necesidad acuciante de realizar esta tarea". El lenguaje de la primera frase es coloquial y puede aprenderse en la calle mientras que el lenguaje de la segunda es culto y se aprende en la escuela o, en todo caso, lo pueden aprender algunos alumnos concretos que leen mucho en español fuera de la escuela.
Así, podemos decir que, por lo que respecta al sistema educativo catalán, éste carece de un programa estructurado para que los alumnos acaben la enseñanza sabiendo usar el español de forma correcta, rica y precisa tanto de forma oral como escrita. Más bien, el enfoque parece ser que cada alumno llegará donde llegue en su conocimiento del español, dependiendo de si es su lengua materna, de si lee mucho en esta lengua fuera de la escuela o de si tiene un entorno culto que la usa.
¿Cómo podría cambiarse este estado de cosas? La mejor alternativa sería un modelo escolar bilingüe catalán-español, con asignaturas en ambas lenguas. Este modelo escolar sí tendría un currículum que podría llevar a los alumnos a alcanzar un pleno dominio de ambas lenguas oficiales.
Sin embargo, la Generalitat es absolutamente contraria a la introducción de un modelo bilingüe con el argumento de que sería un ataque al catalán que impediría su aprendizaje. La realidad, sin embargo, es que nunca se nos ha explicado de manera convincente por qué una enseñanza bilingüe, con la mitad o más de asignaturas en catalán, sería un ataque a esta lengua que impediría su aprendizaje. Y no se nos ha explicado porque esto no sucedería así.
En primer lugar, una enseñanza bilingüe no impediría el aprendizaje del catalán porque esta lengua también sería vehicular. Y en segundo lugar, ¿por qué sería un ataque al catalán? Sí lo sería, en todo caso, volver a la enseñanza monolingüe en español que ya padecimos en Cataluña no hace tanto tiempo. Pero la modificación del modelo monolingüe catalán para integrar el español y facilitar el desarrollo sólido de ambas lenguas ¿sería un ataque al catalán? Que una escuela bilingüe catalán-español tuviera como prioridad el reflejar la realidad bilingüe de Cataluña y equipar a los alumnos para desenvolverse adecuadamente en ella, ¿sería un ataque al catalán?
Las propuestas de enseñanza bilingüe catalán-español no son, lógicamente, un ataque a la lengua catalana sino que suponen una crítica a una de las joyas de la corona del proyecto político nacionalista, hoy independentista. Este proyecto aplicado a la educación es el actual modelo de inmersión, obligatorio para todos los alumnos. En este modelo, como podemos observar, la preocupación no está del lado de los alumnos y de cómo responder mejor a sus necesidades lingüísticas sino que está en cómo implementar bien el proyecto político.
¿Cómo se concreta este proyecto político en la educación? Todo parece indicar que el principal objetivo de la inmersión es intentar cambiar la relación de fuerzas entre las dos lenguas oficiales. La idea subyacente parece ser que si todos los alumnos estudian únicamente en catalán, los que la tienen como lengua materna la consolidarán y aceptarán como única y los que no la tienen como lengua materna llegarán a identificarse con ella y acabarán rechazando o usando de forma muy reducida su lengua materna. Así, las generaciones jóvenes se identificarán sólo con el catalán, al que considerarán su única lengua propia. Ello se traducirá en un aumento del número de ciudadanos que usan el catalán habitualmente y una drástica reducción del número de aquellos que usan el español u otras lenguas. Y de la identificación con la lengua a la identificación con la nación hay un paso muy pequeño, se presume, y efectivamente así es en algunos casos.
En conclusión, desde un punto de vista pedagógico, el actual modelo de inmersión no puede considerarse adecuado para el aprendizaje del español. Sólo desde la perspectiva de los intereses políticos se puede afirmar que no hay ningún problema con el aprendizaje del español en las escuelas de Cataluña.
Mercè Vilarrubias es catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona y autora del libro Sumar y no restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña (editorial Montesinos).
Medios de vida
Ya ni siquiera alarma la manipulación ideológica sobre el proceso soberanista o la omisión de información relevante
Las malas vibraciones empiezan en el minuto seis o siete, aumentan de
forma preocupante hacia la mitad del programa, y se disparan del todo
otros 10 minutos más tarde para acabar en una especie de fundido mental
en negro. No es el final de la emisión sino el estado catatónico del
espectador. Para ese momento ya está confortablemente instalado en la
sección de deportes y, sobre todo, decorosamente preparado para el
nirvana feliz del espacio central, El temps: las borrascas de ayer y de
hoy, los temporales y las ventoleras, las imágenes (preciosas) que
mandan los espectadores, las montañas blancas contra el universo negro.
Antes de todo eso, es muy probable que la atención se haya centrado en
un episodio macabro, en unas declaraciones políticas previsibles o en
una nadería comarcal impropia de un informativo público de alcance
nacional.
Nada nuevo, por supuesto, pero sí novedoso con respecto a la calidad de TV3. No hace falta remontarse al scoop de la retransmisión en directo de la liberación de Nelson Mandela en 1990. Basta con retener la vergüenza ajena que producían, vistas desde Cataluña, las peores etapas de sectarismo informativo en la televisión de Aznar y el consuelo de disponer en casa de unos informativos de calidad, con sus sesgos y sus tabúes, por supuesto. Pero estaban a años luz de aquella manipulación descarnada y cínica.
Hoy en Cataluña ya nos hemos curtido: ni siquiera alarma la manipulación ideológica sobre el proceso soberanista, nadie se disgusta ya ante la magnificación de declaraciones absurdas pero útiles y apenas nadie se exalta ante la omisión de la información relevante.
La pérdida de credibilidad de los informativos nos ha hecho por fin adultos y respiramos a pulmón abierto la nube tranquilizadora de una información pública plana, local y comarcalista, superficial y acrítica. Nos ha ayudado a sobrevivir la edad y la templanza, sin duda, pero también un sujeto valiente y televisivo. Se llama Aaron Sorkin y no es una fijación; es un instrumento adictivo para observar por dentro el funcionamiento del poder. Él fue el inventor de una serie en torno a aquello que siempre quisimos saber sobre el poder, y no hizo falta preguntar porque lo contaba con naturalidad vegetativa en El ala oeste de la Casa Blanca. Lo que ahora sospechamos sobre el peso del poder en los informativos está en otra serie más del mismo Aaron Sorkin, The newsroom.
A los periodistas les subleva la serie, y con razón. Ellos saben muy bien lo que sucede en las redacciones de prensa o televisión o radio y el retrato les sabe a dulzón y folclórico. Pero el resto de incautos celebramos la transparencia con la que se narra la intromisión de los intereses políticos y económicos, la exclusión de las noticias inservibles a esos fines, y hasta la lobotomización lenta que cala en las redacciones hasta que de golpe el jefe recupera el juicio (con redoble de tambores y gran estruendo emocional). La gracia de la serie se pierde en el tejido de relaciones sentimentales (este con aquella, aquella con este), pero es la concesión comercial para que no muramos de un infarto de lucidez, relajemos las neuronas y la apoplejía se aplace.
El protagonista es un héroe, por supuesto: ha reencontrado la luz en el momento de plenitud profesional y ha decidido, por fin, retomar las riendas del oficio para descartar de sus programas las catástrofes naturales (tornado supersónico), los récords históricos (calor tropical en pleno invierno) o la casquería mediática (madre mata a niño y lo asa en la barbacoa). Aspira a ser casi perfecto: una mezcla de la solvencia de Iñaki Gabilondo y la insolencia blanca de Jordi Évole.
Y por fin ataca: ofrecerá información política racional y veraz, crítica y contrastada. Él es un republicano moderado que ve en el Tea Party al enterrador de la derecha civil y respetable norteamericana. Como es un héroe, propone cosas de héroes: un programa de debate en directo con los candidatos del Partido Republicano, para que discutan sobre política sin dejarles soltar los esquemas aprendidos de memoria y los eslóganes prefabricados. El visto bueno ha de darlo el responsable del partido, que es viejísimo amigo también, y hombre de familia con hijos en edad universitaria (uno va a la superelitista Stanford) y su sueldo le llega de la política.
El formato del debate le gusta, es vivaz y veraz, descubre contradicciones y exhibe diferencias ideológicas, delata lo que los candidatos prefieren callar y descubre lo que ignoran. Pero este hombre de buena intención lleva una asesora del partido con él. Y la respuesta es, por supuesto, no, ni hablar: ese debate es un suicidio político porque desnuda la irrelevancia intelectual de los peores candidatos. Imposible dar el visto bueno: ¿tú sabes lo que vale la matrícula de mi hija en Stanford? ¡Yo vivo de esto! El debate no se hace y en el fondo respiramos tranquilos, mecidos en la nube comarcal y los récords atmosféricos de El temps.
Jordi Gracia es profesor y ensayista.
Nada nuevo, por supuesto, pero sí novedoso con respecto a la calidad de TV3. No hace falta remontarse al scoop de la retransmisión en directo de la liberación de Nelson Mandela en 1990. Basta con retener la vergüenza ajena que producían, vistas desde Cataluña, las peores etapas de sectarismo informativo en la televisión de Aznar y el consuelo de disponer en casa de unos informativos de calidad, con sus sesgos y sus tabúes, por supuesto. Pero estaban a años luz de aquella manipulación descarnada y cínica.
Hoy en Cataluña ya nos hemos curtido: ni siquiera alarma la manipulación ideológica sobre el proceso soberanista, nadie se disgusta ya ante la magnificación de declaraciones absurdas pero útiles y apenas nadie se exalta ante la omisión de la información relevante.
La pérdida de credibilidad de los informativos nos ha hecho por fin adultos y respiramos a pulmón abierto la nube tranquilizadora de una información pública plana, local y comarcalista, superficial y acrítica. Nos ha ayudado a sobrevivir la edad y la templanza, sin duda, pero también un sujeto valiente y televisivo. Se llama Aaron Sorkin y no es una fijación; es un instrumento adictivo para observar por dentro el funcionamiento del poder. Él fue el inventor de una serie en torno a aquello que siempre quisimos saber sobre el poder, y no hizo falta preguntar porque lo contaba con naturalidad vegetativa en El ala oeste de la Casa Blanca. Lo que ahora sospechamos sobre el peso del poder en los informativos está en otra serie más del mismo Aaron Sorkin, The newsroom.
A los periodistas les subleva la serie, y con razón. Ellos saben muy bien lo que sucede en las redacciones de prensa o televisión o radio y el retrato les sabe a dulzón y folclórico. Pero el resto de incautos celebramos la transparencia con la que se narra la intromisión de los intereses políticos y económicos, la exclusión de las noticias inservibles a esos fines, y hasta la lobotomización lenta que cala en las redacciones hasta que de golpe el jefe recupera el juicio (con redoble de tambores y gran estruendo emocional). La gracia de la serie se pierde en el tejido de relaciones sentimentales (este con aquella, aquella con este), pero es la concesión comercial para que no muramos de un infarto de lucidez, relajemos las neuronas y la apoplejía se aplace.
El protagonista es un héroe, por supuesto: ha reencontrado la luz en el momento de plenitud profesional y ha decidido, por fin, retomar las riendas del oficio para descartar de sus programas las catástrofes naturales (tornado supersónico), los récords históricos (calor tropical en pleno invierno) o la casquería mediática (madre mata a niño y lo asa en la barbacoa). Aspira a ser casi perfecto: una mezcla de la solvencia de Iñaki Gabilondo y la insolencia blanca de Jordi Évole.
Y por fin ataca: ofrecerá información política racional y veraz, crítica y contrastada. Él es un republicano moderado que ve en el Tea Party al enterrador de la derecha civil y respetable norteamericana. Como es un héroe, propone cosas de héroes: un programa de debate en directo con los candidatos del Partido Republicano, para que discutan sobre política sin dejarles soltar los esquemas aprendidos de memoria y los eslóganes prefabricados. El visto bueno ha de darlo el responsable del partido, que es viejísimo amigo también, y hombre de familia con hijos en edad universitaria (uno va a la superelitista Stanford) y su sueldo le llega de la política.
El formato del debate le gusta, es vivaz y veraz, descubre contradicciones y exhibe diferencias ideológicas, delata lo que los candidatos prefieren callar y descubre lo que ignoran. Pero este hombre de buena intención lleva una asesora del partido con él. Y la respuesta es, por supuesto, no, ni hablar: ese debate es un suicidio político porque desnuda la irrelevancia intelectual de los peores candidatos. Imposible dar el visto bueno: ¿tú sabes lo que vale la matrícula de mi hija en Stanford? ¡Yo vivo de esto! El debate no se hace y en el fondo respiramos tranquilos, mecidos en la nube comarcal y los récords atmosféricos de El temps.
Jordi Gracia es profesor y ensayista.
Historiadores y expertos critican el maniqueísmo de un congreso envenenado
“Es un error”, “equívoco y poco prudente”, “simplista”, “confunde
política e historiografía”, “infantil y maniqueo”, “no es un encuentro
científico, sino un alegato a favor de una causa”. Hacía tiempo que un
congreso de historia no causaba tanto revuelo y tantos comentarios, la
mayoría ajenos al mundo académico, y es inédito que un encuentro de
historiadores sea protagonista en los medios antes de que se celebre. El
simposio España contra Cataluña: una mirada histórica (1714- 2014), que
arranca hoy en el Institut d’Estudis Catalans de Barcelona,
organizado por el Centro de Historia Contemporánea, institución
vinculada al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña,
lleva seis meses haciendo correr ríos de tinta. Los títulos, tanto del
congreso en general como de muchas de las comunicaciones que se han
presentado, en las que se analiza la “represión” institucional, militar,
política, cultural y administrativa en Cataluña desde el siglo XVIII
hasta la actualidad, han generado una gran polémica.
Grandes historiadores catalanes y del resto de España muestran su desacuerdo con los planteamientos de este congreso, que se celebra al amparo de los fastos del 1714, en los que se conmemoran los 300 años de la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas de Felipe V, y coinciden en lo desafortunado del título y del planteamiento general del encuentro. Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y Premio Nacional de Historia 2012, considera que “la celebración del congreso es en sí misma un error y, además, defiende una tesis insostenible”. Según el historiador, el tema del congreso en estos momentos “escandaliza a muchos, y a mí también”.
Para García Cárcel, que ha publicado un buen número de estudios sobre la dialéctica Cataluña y España, no se puede hablar de un “enfrentamiento continuo y una postura victimista de Cataluña frente a una España permanentemente opresora y tiránica desde la noche de los tiempos”. Presuponer esta actitud es “objetivamente repudiable por la historia seria y objetiva”.Según García Cárcel, no se pueden criticar las comunicaciones porque solo se conocen sus títulos y sus autores, pero describir el papel de España “como si fuera la madrastra de Blancanieves es algo infantil, y la historia no es un cuento de niños. Verlo así es una visión maniquea que se destruye por sí misma. Cataluña no es un sujeto paciente de exterminio”, remarca. El problema, según él, “es que se le está dando demasiada cancha”.Lo peor para el historiador es que congresos como el que comienza hoy puedan representar un retroceso a nivel historiográfico. “España es enormemente plural. Las relaciones han pasado por momentos buenos y malos. Habría que saber de qué Españas estamos hablando en cada momento”, explica.
En cuanto a su participación, García Cárcel asegura que tenía claro que no sería invitado: “Soy demasiado molesto”, asegura. “Los historiadores que participan no representan al gremio de los historiadores. Hay mucho sociólogo y mucho político. No están todos lo que tienen que estar, pero es normal. Cada año se celebran unos 200 congresos sobre Historia Moderna donde no participan todos los especialistas”, remacha.El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, Borja de Riquer, tras asegurar que no puede opinar porque no participa en el encuentro y solo conoce los titulares de las ponencias y sus autores, no duda en descalificar también el título del cónclave: “Me parece erróneo, simplemente equívoco y poco prudente”, explica de forma lacónica.Otro de los ausentes es Joaquim Albareda, catedrático de Historia Moderna en la Universitat Pompeu Fabra y uno de los mayores especialistas de este periodo histórico, que considera que “el asunto se está complicando excesivamente y está tomando unas dimensiones desproporcionadas”.
Tras afirmar que todos los historiadores que participan le merecen absoluto respeto, y asegurar que no ha sido invitado a participar, critica abiertamente el planteamiento y el título del simposio: “Establece unas conclusiones antes de celebrarse, sobre una realidad que siempre es compleja y cambiante. Se trata de un enunciado apriorístico”. Además, “han sido grupos dirigentes los que en determinados momentos han ido contra Cataluña, no España en su conjunto”.El problema, según Albareda, es que se “está confundiendo política e historiografía, y cada cosa tiene que estar en su lugar y no mezclarse, porque es muy contraproducente. La historiografía catalana ha acumulado un enorme prestigio gracias a los maestros Vicens Vives, Pierre Vilar o Josep Fontana” y planteamientos como los del congreso “parecen poner en duda este gran bagaje científico”.En todo caso, Albareda cree que los medios de comunicación han puesto en exceso el foco en este congreso y asegura que la semana que viene la Universidad de Barcelona celebra otro sobre la guerra de Sucesión y que en abril próximo la Pompeu Fabra, el Museo de Historia de Cataluña y la Sorbona de París organizan un gran congreso internacional en Barcelona sobre los tratados de Utrecht, “de los que no se ha dicho absolutamente nada”.Más beligerante es José Álvarez Junco, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Para él, “el titular no es equívoco, es clarísimo. Es una toma de posición que un congreso científico nunca debe hacer”. Como Albareda, coincide en que la reunión ya parte con unas conclusiones predeterminadas.
Falta sentido histórico, “porque España no es una unidad que ha actuado siempre igual de forma homogénea, oprimiendo a Cataluña, que es la víctima”. Para el historiador, “la España del siglo XVIII era distinta a la actual; era una monarquía absolutista que nada tenía que ver con la nación del siglo XXI. Tampoco Cataluña funciona como una unidad porque en la Guerra de Sucesión los catalanes estuvieron en los dos bandos”, matiza.Para él no se puede hablar de un encuentro científico, sino de un “alegato de parte a favor de una causa que llegará, presumiblemente, a la culminación en el año 2014”. Por eso, según el historiador, no han invitado a historiadores de los dos bandos, sino “a todos los que están dispuestos a defender esa tesis. Supongo que nadie ha presentado una comunicación en el congreso contraria a la misma. Y si lo ha hecho, la habrán rechazado”.
Preguntado por el hecho de que el prestigioso historiador Josep Fontana sea el encargado de la lección inaugural con la conferencia titulada España y Cataluña, 300 años de conflicto político, que hoy da el pistoletazo de salida del simposio, Álvarez Junco asegura que “es un poco raro, pero cada cual hace lo que le parece en la vida. Fontana es un historiador respetable y respetado, que quizá tenga alguna tendencia a planteamientos maniqueos, que si antes abrazó el marxismo rígido, ahora está más bien en posiciones nacionalistas”. Por su parte, Enric Ucelay- Da Cal, catedrático de Historia del departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, minimiza la importancia de congresos como este, “que no le interesan a nadie”.
El problema, según él, es que se celebra en un momento en el que “todos se están tirando los trastos a la cabeza”. El historiador, que tampoco ha sido invitado a participar, lamenta la utilización que se está haciendo de la Historia por el nacionalismo catalán, aunque reconoce que “entra dentro de lo normal, ya que hay congresos de todo: En Madrid se celebró uno para demostrar que los visigodos eran españoles”, explica. Para él, “España no existe, ni Cataluña tampoco; existen ideas que por un giro mental se convierten en realidad, son estadios mentales. Cuando se publiquen las actas, dentro de dos años o más, nadie se acordará del congreso”. Para Andreu Mayayo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, también el título es desafortunado. “Si se trataba de organizar un congreso académico y científico, ya que en este mundo no se utiliza el blanco y el negro. Utilizar el concepto España como algo centralista y casposo, es obviar a todos los españoles que han intentado construir políticas democráticas y de autogobierno en Cataluña”. Tampoco comprende la utilización de conceptos como “expolio”, por inadecuado.
“Los responsables se descalifican ellos mismos”, asegura. Mayayo defiende que puede entender que un historiador pueda aparecer en un congreso en el que iba a participar que acaba teniendo un título polémico que desconocía, pero “han pasado seis meses desde que se empezó a hablar del tema y todos los que participan saben y aceptan el marco en el que participan y cada uno de los participantes son los responsables del título de sus comunicaciones”.El historiador recuerda que en la primera circular del congreso aparecía una comunicación sobre la inmigración como factor de desnacionalización, que luego ha desaparecido.La opinión de estos destacados historiadores contrasta con la de Jaume Sobrequés, el responsable del simposio y director del Centro de Historia Contemporánea. El lunes, durante la presentación del simposio, en el que participarán 200 especialistas, aseguró que la reunión reflejará “una realidad indiscutible”. En cuanto a las críticas que ha generado tan contundente enunciado, las minimizó por considerar que no procedían de ningún historiador o desde una perspectiva histórica, sino que eran fruto de intereses “partidistas o acientíficos”.
En ese momento desacreditó la opinión del prestigioso hispanista John H. Elliott, que calificó directamente el congreso de “disparate”. Según Sobrequés, “sus palabras no eran merecedoras de ninguna credibilidad porque las pronunció antes de conocer a fondo el contenido del simposio”. Ahora, Elliott no está solo. Mayayo considera que, entre todos, hay que intentar “bajar el suflé” y que lo que acabe perdurando tras el congreso sea, si las hubiera, las aportaciones historiográficas importantes. “Todos nosotros tenemos que ser más rigurosos y estrictos con nuestro trabajo. En este momento deberíamos dar más elementos de compresión que no apuntarnos al blanco o el negro”. El catedrático critica que detrás del congreso esté la Generalitat de Cataluña: “La historia la hacen los historiadores y la academia, no las instituciones. Se puede ayudar para la realización de congresos y reuniones, pero no liderarlos, como en este caso”.
Grandes historiadores catalanes y del resto de España muestran su desacuerdo con los planteamientos de este congreso, que se celebra al amparo de los fastos del 1714, en los que se conmemoran los 300 años de la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas de Felipe V, y coinciden en lo desafortunado del título y del planteamiento general del encuentro. Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y Premio Nacional de Historia 2012, considera que “la celebración del congreso es en sí misma un error y, además, defiende una tesis insostenible”. Según el historiador, el tema del congreso en estos momentos “escandaliza a muchos, y a mí también”.
Para García Cárcel, que ha publicado un buen número de estudios sobre la dialéctica Cataluña y España, no se puede hablar de un “enfrentamiento continuo y una postura victimista de Cataluña frente a una España permanentemente opresora y tiránica desde la noche de los tiempos”. Presuponer esta actitud es “objetivamente repudiable por la historia seria y objetiva”.Según García Cárcel, no se pueden criticar las comunicaciones porque solo se conocen sus títulos y sus autores, pero describir el papel de España “como si fuera la madrastra de Blancanieves es algo infantil, y la historia no es un cuento de niños. Verlo así es una visión maniquea que se destruye por sí misma. Cataluña no es un sujeto paciente de exterminio”, remarca. El problema, según él, “es que se le está dando demasiada cancha”.Lo peor para el historiador es que congresos como el que comienza hoy puedan representar un retroceso a nivel historiográfico. “España es enormemente plural. Las relaciones han pasado por momentos buenos y malos. Habría que saber de qué Españas estamos hablando en cada momento”, explica.
En cuanto a su participación, García Cárcel asegura que tenía claro que no sería invitado: “Soy demasiado molesto”, asegura. “Los historiadores que participan no representan al gremio de los historiadores. Hay mucho sociólogo y mucho político. No están todos lo que tienen que estar, pero es normal. Cada año se celebran unos 200 congresos sobre Historia Moderna donde no participan todos los especialistas”, remacha.El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, Borja de Riquer, tras asegurar que no puede opinar porque no participa en el encuentro y solo conoce los titulares de las ponencias y sus autores, no duda en descalificar también el título del cónclave: “Me parece erróneo, simplemente equívoco y poco prudente”, explica de forma lacónica.Otro de los ausentes es Joaquim Albareda, catedrático de Historia Moderna en la Universitat Pompeu Fabra y uno de los mayores especialistas de este periodo histórico, que considera que “el asunto se está complicando excesivamente y está tomando unas dimensiones desproporcionadas”.
Tras afirmar que todos los historiadores que participan le merecen absoluto respeto, y asegurar que no ha sido invitado a participar, critica abiertamente el planteamiento y el título del simposio: “Establece unas conclusiones antes de celebrarse, sobre una realidad que siempre es compleja y cambiante. Se trata de un enunciado apriorístico”. Además, “han sido grupos dirigentes los que en determinados momentos han ido contra Cataluña, no España en su conjunto”.El problema, según Albareda, es que se “está confundiendo política e historiografía, y cada cosa tiene que estar en su lugar y no mezclarse, porque es muy contraproducente. La historiografía catalana ha acumulado un enorme prestigio gracias a los maestros Vicens Vives, Pierre Vilar o Josep Fontana” y planteamientos como los del congreso “parecen poner en duda este gran bagaje científico”.En todo caso, Albareda cree que los medios de comunicación han puesto en exceso el foco en este congreso y asegura que la semana que viene la Universidad de Barcelona celebra otro sobre la guerra de Sucesión y que en abril próximo la Pompeu Fabra, el Museo de Historia de Cataluña y la Sorbona de París organizan un gran congreso internacional en Barcelona sobre los tratados de Utrecht, “de los que no se ha dicho absolutamente nada”.Más beligerante es José Álvarez Junco, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Para él, “el titular no es equívoco, es clarísimo. Es una toma de posición que un congreso científico nunca debe hacer”. Como Albareda, coincide en que la reunión ya parte con unas conclusiones predeterminadas.
Falta sentido histórico, “porque España no es una unidad que ha actuado siempre igual de forma homogénea, oprimiendo a Cataluña, que es la víctima”. Para el historiador, “la España del siglo XVIII era distinta a la actual; era una monarquía absolutista que nada tenía que ver con la nación del siglo XXI. Tampoco Cataluña funciona como una unidad porque en la Guerra de Sucesión los catalanes estuvieron en los dos bandos”, matiza.Para él no se puede hablar de un encuentro científico, sino de un “alegato de parte a favor de una causa que llegará, presumiblemente, a la culminación en el año 2014”. Por eso, según el historiador, no han invitado a historiadores de los dos bandos, sino “a todos los que están dispuestos a defender esa tesis. Supongo que nadie ha presentado una comunicación en el congreso contraria a la misma. Y si lo ha hecho, la habrán rechazado”.
Preguntado por el hecho de que el prestigioso historiador Josep Fontana sea el encargado de la lección inaugural con la conferencia titulada España y Cataluña, 300 años de conflicto político, que hoy da el pistoletazo de salida del simposio, Álvarez Junco asegura que “es un poco raro, pero cada cual hace lo que le parece en la vida. Fontana es un historiador respetable y respetado, que quizá tenga alguna tendencia a planteamientos maniqueos, que si antes abrazó el marxismo rígido, ahora está más bien en posiciones nacionalistas”. Por su parte, Enric Ucelay- Da Cal, catedrático de Historia del departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, minimiza la importancia de congresos como este, “que no le interesan a nadie”.
El problema, según él, es que se celebra en un momento en el que “todos se están tirando los trastos a la cabeza”. El historiador, que tampoco ha sido invitado a participar, lamenta la utilización que se está haciendo de la Historia por el nacionalismo catalán, aunque reconoce que “entra dentro de lo normal, ya que hay congresos de todo: En Madrid se celebró uno para demostrar que los visigodos eran españoles”, explica. Para él, “España no existe, ni Cataluña tampoco; existen ideas que por un giro mental se convierten en realidad, son estadios mentales. Cuando se publiquen las actas, dentro de dos años o más, nadie se acordará del congreso”. Para Andreu Mayayo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, también el título es desafortunado. “Si se trataba de organizar un congreso académico y científico, ya que en este mundo no se utiliza el blanco y el negro. Utilizar el concepto España como algo centralista y casposo, es obviar a todos los españoles que han intentado construir políticas democráticas y de autogobierno en Cataluña”. Tampoco comprende la utilización de conceptos como “expolio”, por inadecuado.
“Los responsables se descalifican ellos mismos”, asegura. Mayayo defiende que puede entender que un historiador pueda aparecer en un congreso en el que iba a participar que acaba teniendo un título polémico que desconocía, pero “han pasado seis meses desde que se empezó a hablar del tema y todos los que participan saben y aceptan el marco en el que participan y cada uno de los participantes son los responsables del título de sus comunicaciones”.El historiador recuerda que en la primera circular del congreso aparecía una comunicación sobre la inmigración como factor de desnacionalización, que luego ha desaparecido.La opinión de estos destacados historiadores contrasta con la de Jaume Sobrequés, el responsable del simposio y director del Centro de Historia Contemporánea. El lunes, durante la presentación del simposio, en el que participarán 200 especialistas, aseguró que la reunión reflejará “una realidad indiscutible”. En cuanto a las críticas que ha generado tan contundente enunciado, las minimizó por considerar que no procedían de ningún historiador o desde una perspectiva histórica, sino que eran fruto de intereses “partidistas o acientíficos”.
En ese momento desacreditó la opinión del prestigioso hispanista John H. Elliott, que calificó directamente el congreso de “disparate”. Según Sobrequés, “sus palabras no eran merecedoras de ninguna credibilidad porque las pronunció antes de conocer a fondo el contenido del simposio”. Ahora, Elliott no está solo. Mayayo considera que, entre todos, hay que intentar “bajar el suflé” y que lo que acabe perdurando tras el congreso sea, si las hubiera, las aportaciones historiográficas importantes. “Todos nosotros tenemos que ser más rigurosos y estrictos con nuestro trabajo. En este momento deberíamos dar más elementos de compresión que no apuntarnos al blanco o el negro”. El catedrático critica que detrás del congreso esté la Generalitat de Cataluña: “La historia la hacen los historiadores y la academia, no las instituciones. Se puede ayudar para la realización de congresos y reuniones, pero no liderarlos, como en este caso”.
Usos y abusos de la historia Los políticos deforman a menudo la historia para adaptarla a sus propios fines
Hay que evitar buscar los hechos más convenientes para apoyar las ideas de los gobernantes
La historia es una disciplina compleja y los historiadores un grupo
diverso, que toman diferentes caminos y enfoques para aproximarse al
material investigado y que pueden interpretar los acontecimientos del
pasado, siempre a través de las fuentes disponibles, de forma diferente.
Una cosa, sin embargo, son los análisis y narraciones sobre la historia y otra muy diferente los usos y abusos que se hacen de ella. Las conmemoraciones históricas pagadas por las instituciones políticas suelen ser buenas pruebas de cómo puede utilizarse el pasado para justificar el presente. Los políticos lo hacen a menudo: deforman la historia para adaptarla a sus propios fines. Y lo pueden hacer escogiendo mitos o lugares comunes que explican sus argumentos o distorsionando las pruebas para llegar al fin deseado.
Esa tensión entre la investigación histórica y sus usos políticos ha salido claramente a la luz con toda la polémica sobre el simposio “España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)”, organizado por el Centro de Historia de Cataluña, dependiente del Departamento de Presidencia de la Generalitat. Pese a lo bonita que puede resultar la celebración, no hay un hilo conductor que una aquel pasado de 1714 con el presente, como si la historia de España de los siglos XVIII, XIX y XX hubiera sido una lucha continua de España contra Cataluña y del “pueblo” catalán contra España para mantener sus libertades.
La historia proporciona abundantes ejemplos de lo contrario y si ampliamos el enfoque a una historia social, y no solo política e institucional, donde los obreros y campesinos, clases trabajadoras en general, se constituyen en el principal sujeto histórico, el objeto de estudio “España contra Cataluña” constituye una clara simplificación. Una historia que deje de concentrarse en las vidas y acciones de los dirigentes y preste atención, por el contrario, a amplios segmentos de la población y a las condiciones bajo las que vivían, que desplace el foco de interés desde las élites a las vidas, actividades y experiencias de la mayoría de la población, proporcionaría resultados distintos. No creo, por ejemplo, que la historia del anarquismo, tan presente en la Cataluña contemporánea, sus conflictos, luchas de clases y violencia, las ejecuciones en Montjuic, la organización de grupos de pistoleros por parte de la patronal, el terrorismo anarquista o el anticlericalismo, pueda interpretarse como una historia de España contra Cataluña.
Las declaraciones interesadas sobre la historia, ampliamente difundidas y manipuladas por medios de comunicación de diferente signo, contribuyen a articular una memoria popular sobre determinados hechos del pasado, hitos de la historia, que tiene poco que ver con el estudio cuidadoso de las pruebas disponibles.
Los historiadores debemos contribuir al debate, a la cultura y a la revisión y reconstrucción del pensamiento político y social. Debemos defender el análisis histórico como una herramienta crítica para sacar a la luz las partes ocultas del pasado, lo que otros no quieren recordar. Y aunque el conocimiento del pasado está limitado por las disputas entre historiadores, por los diferentes puntos de vista, por la tensión entre subjetividad y objetividad, lo que debe siempre evitarse es buscar los hechos más convenientes para apoyar las ideas favoritas de los gobernantes. Algo difícil de evitar cuando todo eso se hace y se organiza desde instituciones públicas orientadas por el poder político de turno, en vez desde congresos científicos independientes de ese poder.
Promover una buena educación sobre la historia parece a muchos irrelevante, pero, mientras tanto, las celebraciones oficiales siguen alimentando relatos míticos, simplificados, para consumo popular, a mayor gloria del poder. Por eso solo generan polémicas y fuertes disputas políticas y mediáticas los congresos de historiadores donde está en juego un relato en el que el pasado se hace presente, aunque solo en las partes que cumplen la función deseada. El resto de los congresos, como sabemos muy bien los historiadores, pasan, afortunadamente, visto lo visto, desapercibidos.
Una cosa, sin embargo, son los análisis y narraciones sobre la historia y otra muy diferente los usos y abusos que se hacen de ella. Las conmemoraciones históricas pagadas por las instituciones políticas suelen ser buenas pruebas de cómo puede utilizarse el pasado para justificar el presente. Los políticos lo hacen a menudo: deforman la historia para adaptarla a sus propios fines. Y lo pueden hacer escogiendo mitos o lugares comunes que explican sus argumentos o distorsionando las pruebas para llegar al fin deseado.
Esa tensión entre la investigación histórica y sus usos políticos ha salido claramente a la luz con toda la polémica sobre el simposio “España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)”, organizado por el Centro de Historia de Cataluña, dependiente del Departamento de Presidencia de la Generalitat. Pese a lo bonita que puede resultar la celebración, no hay un hilo conductor que una aquel pasado de 1714 con el presente, como si la historia de España de los siglos XVIII, XIX y XX hubiera sido una lucha continua de España contra Cataluña y del “pueblo” catalán contra España para mantener sus libertades.
La historia proporciona abundantes ejemplos de lo contrario y si ampliamos el enfoque a una historia social, y no solo política e institucional, donde los obreros y campesinos, clases trabajadoras en general, se constituyen en el principal sujeto histórico, el objeto de estudio “España contra Cataluña” constituye una clara simplificación. Una historia que deje de concentrarse en las vidas y acciones de los dirigentes y preste atención, por el contrario, a amplios segmentos de la población y a las condiciones bajo las que vivían, que desplace el foco de interés desde las élites a las vidas, actividades y experiencias de la mayoría de la población, proporcionaría resultados distintos. No creo, por ejemplo, que la historia del anarquismo, tan presente en la Cataluña contemporánea, sus conflictos, luchas de clases y violencia, las ejecuciones en Montjuic, la organización de grupos de pistoleros por parte de la patronal, el terrorismo anarquista o el anticlericalismo, pueda interpretarse como una historia de España contra Cataluña.
Las declaraciones interesadas sobre la historia, ampliamente difundidas y manipuladas por medios de comunicación de diferente signo, contribuyen a articular una memoria popular sobre determinados hechos del pasado, hitos de la historia, que tiene poco que ver con el estudio cuidadoso de las pruebas disponibles.
Los historiadores debemos contribuir al debate, a la cultura y a la revisión y reconstrucción del pensamiento político y social. Debemos defender el análisis histórico como una herramienta crítica para sacar a la luz las partes ocultas del pasado, lo que otros no quieren recordar. Y aunque el conocimiento del pasado está limitado por las disputas entre historiadores, por los diferentes puntos de vista, por la tensión entre subjetividad y objetividad, lo que debe siempre evitarse es buscar los hechos más convenientes para apoyar las ideas favoritas de los gobernantes. Algo difícil de evitar cuando todo eso se hace y se organiza desde instituciones públicas orientadas por el poder político de turno, en vez desde congresos científicos independientes de ese poder.
Promover una buena educación sobre la historia parece a muchos irrelevante, pero, mientras tanto, las celebraciones oficiales siguen alimentando relatos míticos, simplificados, para consumo popular, a mayor gloria del poder. Por eso solo generan polémicas y fuertes disputas políticas y mediáticas los congresos de historiadores donde está en juego un relato en el que el pasado se hace presente, aunque solo en las partes que cumplen la función deseada. El resto de los congresos, como sabemos muy bien los historiadores, pasan, afortunadamente, visto lo visto, desapercibidos.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza
miércoles, 11 de diciembre de 2013
martes, 10 de diciembre de 2013
El setge de Girona/ El sitio de Gerona
Vaya...parece que hubo más asedios que el de 1714....porqué sólo se recuerda, encima de manera retorcida, uno? podrían dejar de manipular la historia?
Después, los franceses intentarán ganarse a la población imponiendo un
régimen catalanista, bajo inspiración del afrancesado Tomás Puig. Será
sólo un cebo, porque toda Cataluña es de hecho anexionada a Francia en
1812 y sometida al típico esquema centralista francés. El pueblo, por su
parte, nunca aceptará el sometimiento. Cuando los franceses sean
vencidos y abandonen la ciudad, ya en 1814, muy pocos afrancesados les
seguirán. Y por el contrario, Gerona, la Gerona española, pasará a
nuestra historia como un ejemplo insuperable de abnegación y de
patriotismo. Entre otras cosas, sus muros fueron uno de los primeros
lugares donde ondeó la enseña rojigualda como bandera de España. Esa
bandera de Gerona está hoy en el Museo del Ejército. Y esa fue la
verdadera historia de la Gerona española, de la Cataluña española.
JOSÉ JAVIER ESPARZA
Pongámonos en contexto. Madrid se ha levantado contra los franceses
el 2 de mayo. Napoleón se ha encontrado con algo insólito: un pueblo
que, aun sin rey, se organiza sobre la base de sus viejas instituciones y
se alza en armas para defender la patria y la religión. Por todas
partes surgen las Juntas. Los franceses son derrotados en el Bruc y en
Bailén, fracasan en los asedios de Zaragoza y Valencia. En tal tesitura,
temen perder la comunicación con Francia, comunicación que pasaba,
entre otros lugares, por Cataluña, y concretamente por Gerona. La
situación en Cataluña era difícil. Un fuerte contingente francés se
había asentado en Barcelona y creía controlar la región. Pero en Gerona
también los españoles se levantan. En junio de 1808 se constituye una
Junta, animada sobre todo por el pueblo llano y los clérigos; pese al
recelo de la burguesía local, la Junta se convierte en el verdadero
poder y declara la guerra a los franceses.
¿Y estaba Gerona en condiciones de hacer tal cosa? En realidad, era
una locura. Estamos hablando de una ciudad pequeña, de unos 10.000
habitantes y castigada por la crisis del trigo. Militarmente era muy
débil: con un marino como gobernador, Julián de Bolívar, tenía una
guarnición de tan sólo 300 soldados del Regimiento de Ultonia, al mando
de dos oficiales de ascendencia irlandesa: O’Daly y O’Donovan. Ante el
estado de guerra, la Junta organizó dos tercios de miqueletes, milicias
populares como los somatenes. También acudieron marineros de Sant Feliu
de Guixols para atender unas pocas piezas de artillería, en unas
murallas arrumbadas por el tiempo y reducidas a su mínima expresión.
Tres asedios
De manera que Gerona era muy poca cosa, pero para los franceses era
vital: necesitaban controlarla para asegurar las comunicaciones con
Francia. Así que el jefe napoleónico en Barcelona, Duhesme, que se ha
enterado de la sublevación, corre a sofocarla. Es el 20 de junio. Se
presenta en Gerona con 5.000 hombres y ocho cañones. Insta a los
gerundenses a rendir la plaza. Los gerundenses dicen que no. Duhesme se
lanza al asalto. Y aquí, como en Valencia o en Zaragoza, los franceses
fracasan: después de tres asaltos, la ciudad resiste. El francés
resuelve volver a Barcelona para reunir más tropas. Será un calvario:
por el camino, partidas de somatenes y soldados le infligen graves
bajas. Los gerundenses han superado este primer asedio. Devotos,
atribuyen su victoria a la protección de San Narciso, que es nombrado
jefe militar de la ciudad.
Los franceses vuelven, como era de esperar. Será un mes después, el
20 de julio. Duhesme trae ahora más cañones; plantea un largo asedio en
toda regla. Pero las defensas de Gerona han aumentado. Primero llegan
tres batallones españoles. Rápidamente empiezan a concentrarse columnas
de somatenes con dos grandes guerrilleros: Juan Clarós y Miláns del
Bosch. Y los refuerzos consiguen su objetivo: después de un mes de
asedio, el 20 de agosto los franceses tienen que abandonar nuevamente, y
esta vez con pérdidas aún más cuantiosas.
Habrá un tercer asedio. Será el definitivo. Y será también uno de
los más tremendos de la guerra de la independencia. Por parte francesa,
penetra un gran ejército -18.000 hombres- con el objetivo de asegurar el
control sobre Cataluña y, muy principalmente, acabar con la resistencia
de Gerona. Pero a Gerona ha llegado alguien muy importante: el general
Álvarez de Castro, un militar experto, de sesenta años; un hombre que se
había negado a entregar a los franceses el castillo de Montjuich, que
se había lanzado al combate y que llegaba a Gerona con el propósito de
apurar la resistencia. El 1 de abril de 1809, nuestro general publica un
bando resolutivo: se resistirá hasta la muerte. Y quien piense en
pasarse al enemigo, será ejecutado sin piedad.
Los franceses se lanzan al ataque. Ocupan las posiciones elevadas
en torno a Gerona. Desde allí quieren bombardear la ciudad durante el
tiempo que sea preciso. Envían un emisario a Álvarez de Castro para
instarle a la rendición. El español no la acepta. El asedio será brutal.
La artillería francesa cañonea sin cesar los muros de Gerona, sus
casas, sus calles. Ya no se trata simplemente de amedrentar a la
población, sino que es una estrategia deliberada de aniquilación de la
ciudad, hasta su última piedra. Los gerundeses, sin embargo, no se
rinden. Al revés, aceptan vivir entre las bombas como quien oye llover.
Es casi increíble, pero esa situación va a prolongarse durante
siete meses. Los franceses siguen acercándose, siguen bombardeando, pero
Gerona no cae. A sus exiguas fuerzas –unos 5.600 hombres-, Álvarez de
Castro ha añadido a la población civil. Primero se crea la Cruzada
Gerundense –un nombre que dice mucho sobre el carácter que los españoles
dieron a aquella guerra. La Cruzada constituyó ocho compañías
clasificadas por oficios: clérigos seculares, clérigos regulares,
estudiantes, artesanos, gente de posición, constructores, etc. Todos
defienden: hombres, niños, ancianos, mujeres… sobre todo las mujeres.
Tanto se distinguen las mujeres de Gerona en la resistencia, que Álvarez
de Castro decide encuadrarlas también militarmente y otorgarles los
mismos derechos que a los soldados. Así nace a finales de junio la
Compañía de Santa Bárbara, que usaba como distintivo un lazo rojo en el
brazo. Esta es la orden del general:
“Habiendo entendido el espíritu, valor y patriotismo de las
Señoras Mujeres Gerundenses, que en todas las épocas han acreditado, y
muy particularmente en los sitios que ha sufrido esta Ciudad, y en el
riguroso que actualmente le ha puesto el enemigo; deseando hacer público
su heroísmo y que con más acierto y bien general puedan dedicar y
emplear su bizarro valor en todo aquello que pueda ser de beneficio
común á la Patria, y muy particularmente de los nobles guerreros
defensores de ella, y que a su tiempo tenga noticia circunstanciada S.
M. del inaudito valor, y entusiasmo de las Señores Mujeres Gerundenses,
(…) Ha venido S. E. en disponer y mandar que se forme una compañía de
doscientas Mujeres sin distinción de clases, jóvenes, robustas, y de
espíritu varonil para que sean empleadas en socorro, y asistencia de los
soldados, y gente armada (…) La Compañía de Señoras Mujeres Gerundenses tendrá la denominación de Compañía de Santa Bárbara”.
La estrategia de la boa
Los españoles conseguirán hacer llegar víveres y municiones a los
sitiados, pero ninguna ayuda podrá romper la tenaza francesa. El 19 de
septiembre lanzan los de Napoleón su gran ataque: cañoneo brutal,
murallas rotas, franceses que entran por las grandes brechas… Se combate
cuerpo a cuerpo. Y pronto, el milagro: los gerundenses logran detener
el asalto. Para los franceses resultaba incomprensible. Tanto que,
directamente, optaron por no volver a intentarlo: a partir de ese
momento, la estrategia francesa se limitará a estrechar el cerco a
fuerza de artillería, como una boa asfixia a su presa. Eso será lo que
acabe con Gerona.
El 10 de noviembre llega una carta del mando español: no va a ser
posible prestar auxilio a la plaza. Gerona está abandonada a su suerte.
Cuando llega el invierno, la situación es insostenible: los edificios,
arruinados; los supervivientes, sin techo ni víveres ni medicinas; las
defensas, quebradas. La descomposición de los cadáveres expande graves
enfermedades. El propio Álvarez de Castro enferma. La Junta designa a
Bolívar para que tome el mando. Poco le queda por hacer.
Son las siete de la tarde del 10 de diciembre de 1809. Ha caído la
noche. Los sitiados, al límite de sus fuerzas, optan por capitular. Aún
así, ponen sus condiciones. Los sitiados no son bandoleros ni rebeldes.
Son un ejército, incluida la población civil movilizada. Como militares,
exigen al ejército vencedor un trato conforme a los usos tradicionales
de la guerra. Los franceses serán respetuosos, pero sólo a medias. En
Gerona ya no había nada que saquear. Pusieron un especial celo en
atrapar al general Álvarez de Castro; no les costó mucho, postrado como
se hallaba. Al general le espera un calvario: enfermo y deshecho, será
llevado de una cárcel a otra hasta terminar en el castillo de Figueras,
donde muere el 22 de enero de 1810.
La historia de Cataluña que no cuentan los independentistas
Otro día hablaremos de por ejemplo Jaume 1 "el invasor" (que lo cuenten valencianos i mallorquines)...de momento tenemos esto momentos de la historia
De una Cataluña grande, capaz de dominar el Mediterráneo en la Baja Edad Media, que se ve asfixiada por los decadentes castellanos que no la dejan recuperar su grandeza. En mi opinión este canon se olvida de muchas cosas. Este canon se olvida de la historia de la Hispania Romana, en la que la Tarraconense era una provincia del Imperio, absolutamente unida al resto de la Península. Se olvida del protagonismo de los nobles y de los reyes de Aragón de origen catalán en la empresa común de la Reconquista (baste recordar que el rey Pedro II de Aragón, padre de Jaime I el Conquistador, participó en persona en la Batalla de las Navas de Tolosa). Este canon no explica la Guerra de Sucesión a la Corona de España como lo que fue –una protoguerra mundial por la hegemonía en Europa-, sino como una invasión sangrienta de España contra Cataluña. Se olvida de la unanimidad con que los catalanes se unieron al resto de los españoles en su lucha contra Napoleón.
Agustina de Aragón, que era de Barcelona, el heroico Tambor del Bruch, o la aún más heroica defensa de Gerona, son solo unos ejemplos de cómo los catalanes unieron su destino al del resto de los españoles). Tengo mis dudas de que se les explique a los alumnos catalanes el papel esencial de personalidades políticas catalanas en los convulsos años del sexenio revolucionario que se extiende desde la caída de Isabel II hasta la Restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII. Como el general Prim, o como Figueras y Pi y Margall, presidentes de la I República Española. Como también tengo mis dudas de que se explique en las aulas que el general Primo de Rivera dio su golpe de Estado de 1923 desde Barcelona, empujado por la burguesía catalana que no soportaba el grado de anarquía a que había llegado la vida laboral en Cataluña.
No explica que Companys dio un golpe de estado contra la II República en octubre de 1934. A los escolares catalanes se les cuenta la Guerra Civil sin mencionar el papel fundamental que para el triunfo de Franco tuvieron los catalanes: Cambó en la financiación, Pla en sus servicios secretos, los catalanes de Burgos en el aparato de propaganda –no olvidemos que la revista y editorial Destino, que sigue viva, deben su nombre a la definición de España como “unidad de destino en lo universal”-, y, lo más importante, miles de voluntarios catalanes dando su vida “por Dios y por España” en el Tercio de Montserrat –al que Franco concedió la Laureada colectiva que está depositada a los pies de la Moreneta-.
Hoy mismo se están celebrando las exequias del gran filólogo catalán Martín de Riquer, voluntario y mutilado en ese Tercio. Nadie parece querer recordar el entusiasmo con que Franco fue recibido en Cataluña en enero del 39. En fin, ¿para qué seguir? Bastan estos ejemplos para demostrar que la Historia es mucho más compleja que lo que dicta el canon nacionalista.
Ahora bien, de la importancia que los nacionalistas otorgan a que se afirme su versión de la Historia da testimonio la convocatoria para el próximo diciembre del Simposio “Espanya contra Catalunya: una mirada histórica (1714-2014)”, organizado por el Centre d´Història Contemporània de Catalunya del Departament de la Presidència de la Generalitat, y la Societat Catalana d´Estudis Històrics del Institut d´Estudis Catalans. No hay que ser muy receloso para suponer qué es lo que se pretende, ya desde el título: cultivar una interpretación de la Historia que justifique el enfrentamiento con el resto de España, la ruptura y la secesión”.
De una Cataluña grande, capaz de dominar el Mediterráneo en la Baja Edad Media, que se ve asfixiada por los decadentes castellanos que no la dejan recuperar su grandeza. En mi opinión este canon se olvida de muchas cosas. Este canon se olvida de la historia de la Hispania Romana, en la que la Tarraconense era una provincia del Imperio, absolutamente unida al resto de la Península. Se olvida del protagonismo de los nobles y de los reyes de Aragón de origen catalán en la empresa común de la Reconquista (baste recordar que el rey Pedro II de Aragón, padre de Jaime I el Conquistador, participó en persona en la Batalla de las Navas de Tolosa). Este canon no explica la Guerra de Sucesión a la Corona de España como lo que fue –una protoguerra mundial por la hegemonía en Europa-, sino como una invasión sangrienta de España contra Cataluña. Se olvida de la unanimidad con que los catalanes se unieron al resto de los españoles en su lucha contra Napoleón.
Agustina de Aragón, que era de Barcelona, el heroico Tambor del Bruch, o la aún más heroica defensa de Gerona, son solo unos ejemplos de cómo los catalanes unieron su destino al del resto de los españoles). Tengo mis dudas de que se les explique a los alumnos catalanes el papel esencial de personalidades políticas catalanas en los convulsos años del sexenio revolucionario que se extiende desde la caída de Isabel II hasta la Restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII. Como el general Prim, o como Figueras y Pi y Margall, presidentes de la I República Española. Como también tengo mis dudas de que se explique en las aulas que el general Primo de Rivera dio su golpe de Estado de 1923 desde Barcelona, empujado por la burguesía catalana que no soportaba el grado de anarquía a que había llegado la vida laboral en Cataluña.
No explica que Companys dio un golpe de estado contra la II República en octubre de 1934. A los escolares catalanes se les cuenta la Guerra Civil sin mencionar el papel fundamental que para el triunfo de Franco tuvieron los catalanes: Cambó en la financiación, Pla en sus servicios secretos, los catalanes de Burgos en el aparato de propaganda –no olvidemos que la revista y editorial Destino, que sigue viva, deben su nombre a la definición de España como “unidad de destino en lo universal”-, y, lo más importante, miles de voluntarios catalanes dando su vida “por Dios y por España” en el Tercio de Montserrat –al que Franco concedió la Laureada colectiva que está depositada a los pies de la Moreneta-.
Hoy mismo se están celebrando las exequias del gran filólogo catalán Martín de Riquer, voluntario y mutilado en ese Tercio. Nadie parece querer recordar el entusiasmo con que Franco fue recibido en Cataluña en enero del 39. En fin, ¿para qué seguir? Bastan estos ejemplos para demostrar que la Historia es mucho más compleja que lo que dicta el canon nacionalista.
Ahora bien, de la importancia que los nacionalistas otorgan a que se afirme su versión de la Historia da testimonio la convocatoria para el próximo diciembre del Simposio “Espanya contra Catalunya: una mirada histórica (1714-2014)”, organizado por el Centre d´Història Contemporània de Catalunya del Departament de la Presidència de la Generalitat, y la Societat Catalana d´Estudis Històrics del Institut d´Estudis Catalans. No hay que ser muy receloso para suponer qué es lo que se pretende, ya desde el título: cultivar una interpretación de la Historia que justifique el enfrentamiento con el resto de España, la ruptura y la secesión”.
lunes, 9 de diciembre de 2013
El proceso va por dentro
n cuestión de semanas, aparecerá en el mercado la pregunta y la fecha
de la consulta, dos productos que, en ausencia de permiso gubernamental
para hacerla —condición expresada por Mas para proclamar o/y aplazar la
Primavera—, tienen la aureola de otros grandes errores universales del
diseño, como la compresa-cenicero, o el acelerador de partículas
desechable. ¿Es así? ¿Qué funciones tienen, en todo caso, esos dos
objetos desprovistos de función? Este artículo pretende esbozar una
respuesta a esas preguntas, que se condensan en esta: el proceso que
culminará con una fecha y una pregunta, pero no con un referéndum, ¿es,
en fin, un fracaso?
Sobre el fracaso, es preciso señalar que, en la vida, sólo fracasa lo que carece de función. El proceso catalán, por tanto, es un éxito. Realiza su función. ¿Cuál es su función? Desde el 12S de 2012, fecha en la que el Govern asumió como suya una iniciativa apoyada por el 80% de la sociedad, su función es, como su nombre indica, gubernamental. La gestión del Derecho a Decidir, así, ha posibilitado grandes éxitos gubernamentales. CiU, el partido peninsular pionero en los recortes —brutales, estructurales—, siguió existiendo tras unas elecciones, algo inusitado en el Sur. Las actividades fundamentales de un gobierno sureño —asumir su ausencia de soberanía y suprimir el bienestar, hacer negocios con ello, pagar deuda, legislar vía presupuestos y sin orden el fin del Welfare State—, han pasado a un segundo plano, lejano. Se ha reducido la protesta social, y ha aumentado, a la vez, la represión y el control policial, sin apenas repercusiones.
Un gobierno similar/comparable/sustituible al español, al italiano, al portugués, al griego y, en breve, snif, al francés, ha mantenido cierta sensación de existencia. O, incluso, de originalidad. La más importante es, tal vez, su dominio cultural. La CT/ Cultura de la Transición, pocha en España —costará que un intelectual o un medio, cobrando lo mismo, defiendan, por ejemplo, la Ley Wert, o la Ley de Seguridad Ciudadana, como épica de la democracia frente a los violentos—, en Catalunya va a tutiplén.
El Govern fija la agenda informativa y es fuente de los temas que
fija. Así, su gestión del Derecho a Decidir —teatral, sin voluntad y sin
resultados, emitida para consumo interno—, copa la agenda cultural e
informativa. La fórmula española y catalana CT de información —la
tertulia radiofónica—, sólo habla de movimientos y épica democrática, de
manera que es difícil, en verdad, percatarse de la dirección real, poco
democrática e inapelable de las políticas gubernamentales.
Los medios públicos han evolucionado, rápidamente, hacia la RTVV de cuando cobraba. Cuando coges el transporte público, dispones, de forma gratuita, de medios escritos que te hablan de la evolución imparable de un Derecho a Decidir que no evoluciona —según los últimos datos facilitados por la Gene, esos medios nos salen de 3 a 6 euros por ejemplar—, pero no del proceso postdemocrático, evidente, diario, absoluto.
EL dominio vertical de la cultura es, de hecho, absoluto. Verbigracia: en la rueda de prensa del Govern, con motivo de la publicación del auto en el que se comunicaba que CiU cobró de Ferrovial por políticas, sólo dos medios —dos; dos; dos; dos—, preguntaron por ese caso. Este dominio vertical de la cultura, que libera al poder de control, y acelera, modera, radicaliza o frena a voluntad la percepción de la gestión del Derecho a Decidir, augura un gran futuro a la fórmula, que puede superar a este gobierno y alcanzar al próximo, se supone que de ERC, un partido que ha votado en Barcelona lo contrario que en Madrid —un indicativo de que hoy, en Barcelona, estamos más informados sobre Madrid—.
Es decir, la no investigación de la corrupción sanitaria, o de la represión policial —nos pongamos como nos pongamos, la mayor de Europa— y, tachán-tachán, la prolongación primero, y la emisión después, de presupuestos post-democráticos. Si la gestión del autonomismo, esa balsa de aceite que ahogaba conflictos, duró 35 años, la del independentismo puede durar lo mismo, consistir en lo mismo y, lo más gracioso, puede estar gestionada por los mismos. Todo apunta, en todo caso, a que la gestión gubernamental finalizará con final abierto, prolongable, en el que, de dos gobiernos post-democráticos implicados y con políticas similares, uno defenderá contra el otro su legado democrático no atendido. Que tiene guasa.
La pregunta —posiblemente dadá—, y la fecha —irrelevante— de un rederéndum que no se producidrá es, en efecto, un éxito gubernamental. ¿Lo es también social? No. En 2011 se produjero las movilizaciones sociales más importantes de Europa. La sociedad salió a la calle para hacer lo que no se hacía en los parlamentos. Defender la democracia y el bienestar. De todas las movilizaciones sociales, el Govern asumió como propia solo una. Y ni siquiera esa reivindicación ha salido adelante. El resto de demandas han sido, en Barcelona y Madrid, directamente desatendidas, reprimidas o/y legisladas en su contra. Estamos, de hecho, ante el mayor éxito gubernamental de años, y ante el mayor fracaso democrático en décadas.
Sobre el fracaso, es preciso señalar que, en la vida, sólo fracasa lo que carece de función. El proceso catalán, por tanto, es un éxito. Realiza su función. ¿Cuál es su función? Desde el 12S de 2012, fecha en la que el Govern asumió como suya una iniciativa apoyada por el 80% de la sociedad, su función es, como su nombre indica, gubernamental. La gestión del Derecho a Decidir, así, ha posibilitado grandes éxitos gubernamentales. CiU, el partido peninsular pionero en los recortes —brutales, estructurales—, siguió existiendo tras unas elecciones, algo inusitado en el Sur. Las actividades fundamentales de un gobierno sureño —asumir su ausencia de soberanía y suprimir el bienestar, hacer negocios con ello, pagar deuda, legislar vía presupuestos y sin orden el fin del Welfare State—, han pasado a un segundo plano, lejano. Se ha reducido la protesta social, y ha aumentado, a la vez, la represión y el control policial, sin apenas repercusiones.
Un gobierno similar/comparable/sustituible al español, al italiano, al portugués, al griego y, en breve, snif, al francés, ha mantenido cierta sensación de existencia. O, incluso, de originalidad. La más importante es, tal vez, su dominio cultural. La CT/ Cultura de la Transición, pocha en España —costará que un intelectual o un medio, cobrando lo mismo, defiendan, por ejemplo, la Ley Wert, o la Ley de Seguridad Ciudadana, como épica de la democracia frente a los violentos—, en Catalunya va a tutiplén.
Este dominio vertical de la cultura, que libera
al poder de control, y acelera, modera, radicaliza o frena a voluntad la
percepción de la gestión del Derecho a Decidir
Los medios públicos han evolucionado, rápidamente, hacia la RTVV de cuando cobraba. Cuando coges el transporte público, dispones, de forma gratuita, de medios escritos que te hablan de la evolución imparable de un Derecho a Decidir que no evoluciona —según los últimos datos facilitados por la Gene, esos medios nos salen de 3 a 6 euros por ejemplar—, pero no del proceso postdemocrático, evidente, diario, absoluto.
EL dominio vertical de la cultura es, de hecho, absoluto. Verbigracia: en la rueda de prensa del Govern, con motivo de la publicación del auto en el que se comunicaba que CiU cobró de Ferrovial por políticas, sólo dos medios —dos; dos; dos; dos—, preguntaron por ese caso. Este dominio vertical de la cultura, que libera al poder de control, y acelera, modera, radicaliza o frena a voluntad la percepción de la gestión del Derecho a Decidir, augura un gran futuro a la fórmula, que puede superar a este gobierno y alcanzar al próximo, se supone que de ERC, un partido que ha votado en Barcelona lo contrario que en Madrid —un indicativo de que hoy, en Barcelona, estamos más informados sobre Madrid—.
Es decir, la no investigación de la corrupción sanitaria, o de la represión policial —nos pongamos como nos pongamos, la mayor de Europa— y, tachán-tachán, la prolongación primero, y la emisión después, de presupuestos post-democráticos. Si la gestión del autonomismo, esa balsa de aceite que ahogaba conflictos, duró 35 años, la del independentismo puede durar lo mismo, consistir en lo mismo y, lo más gracioso, puede estar gestionada por los mismos. Todo apunta, en todo caso, a que la gestión gubernamental finalizará con final abierto, prolongable, en el que, de dos gobiernos post-democráticos implicados y con políticas similares, uno defenderá contra el otro su legado democrático no atendido. Que tiene guasa.
La pregunta —posiblemente dadá—, y la fecha —irrelevante— de un rederéndum que no se producidrá es, en efecto, un éxito gubernamental. ¿Lo es también social? No. En 2011 se produjero las movilizaciones sociales más importantes de Europa. La sociedad salió a la calle para hacer lo que no se hacía en los parlamentos. Defender la democracia y el bienestar. De todas las movilizaciones sociales, el Govern asumió como propia solo una. Y ni siquiera esa reivindicación ha salido adelante. El resto de demandas han sido, en Barcelona y Madrid, directamente desatendidas, reprimidas o/y legisladas en su contra. Estamos, de hecho, ante el mayor éxito gubernamental de años, y ante el mayor fracaso democrático en décadas.
La independencia radical
Supongamos que Cataluña consigue por fin independizarse de España. De
entre todos los movimientos, ajustes y reacomodos que semejante parto
entrañaría, habría uno, sobre el que se ha reflexionado poco, que
deberíamos empezar a tomar en cuenta: ¿qué harán los independentistas en
un país que ya ha conseguido su independencia? Para empezar se
quedarían de golpe sin objetivo, sin quehacer, sin su estrella polar,
porque el independentismo funciona y tiene sentido en la medida en que
la independencia todavía no se ha conseguido, porque una vez que esta se
consuma, el político independentista pierde su encanto y se convierte
en un político normal. ¿Pero si uno se ha labrado una esforzada carrera
de político independentista será posible, de buenas a primeras, dejar de
serlo para convertirse en un político estándar, de derecha o de
izquierda, pero sin esa gran baza de la mercadotecnia política que es la
batalla permanente contra España? Esa gran baza política que, aplicada a
la inversa, funciona también desde Madrid.
La independencia de Cataluña se ve a lo lejos, en el horizonte, se encuentra en un estado que sus apólogos han tenido la ocurrencia de bautizar como “el proceso”: un tiro kafkiano en el pie. Una parte del establishment catalán trabaja en el proceso para conseguir la independencia pero, de momento, la independencia no existe, se trata de una idea que resulta más útil y cómoda como posibilidad, como pieza del futuro, que como parte del presente, porque aquí, hoy, el proceso se estrellaría contra la realidad y perdería ese encanto etéreo que hace a la independencia tan atractiva, y tan indispensables a los líderes independentistas. Declaraciones aparentemente descabelladas como la que hizo Oriol Junqueras en el Parlamento Europeo, que como medida de presión, para que el Estado español tome en serio sus demandas, amenazó con parar la economía catalana durante una semana, cobran en este contexto otro sentido: parece que se trata de un político que maniobra para no desnaturalizarse, para conservar su aura independentista y que, para mantenerse así, previsiblemente tirará de la cuerda hasta que se rompa.
La independencia es más hermosa de lejos, en el futuro. El caso se parece a la forma en que leemos el reloj en Cataluña, la independencia y las horas comparten el mismo principio de irrealidad, no lidian con el tiempo presente, como se hace en la mayoría de los países; mientras en Madrid, o en México, o en Nueva York o en París, se lee “la una y cuarto”, “quarter past one” o “une heure et quart”, en Barcelona la misma una y cuarto se lee “un quart de dues”, “un cuarto de dos”; no se suman minutos a la hora: se anuncia una fracción de ese tiempo que todavía no existe. Las dos de la tarde y la independencia son más cómodas a lo lejos; si, hasta que dan las dos en punto, dirá usted, pero tendrá que reconocer que en el léxico horario catalán el presente tiene mucho menos presencia que el futuro.
Pero vayamos por un momento a las dos en punto del proceso y supongamos que la independencia de Cataluña por fin se ha consumado, que por una grieta casi imperceptible de la legislación comunitaria el nuevo Estado ha logrado quedarse en Europa y también ha conseguido mantener el euro y a sus bancos dentro del sistema económico, y que gracias a los buenos oficios de la diplomacia amateur se ha alcanzado un acuerdo para impedir el veto de Madrid y de Londres. Supongamos que, como sería lógico pensar, Barcelona se convierte en la capital del nuevo Estado europeo, en la ciudad desde la que, como es habitual en las capitales, se administra la Hacienda pública, la justicia y el sistema nacional de salud, la organización de la agricultura y la ganadería, del turismo y los lineamientos para establecer un restaurante, un hotel o una estación de gasolina, en fin, que desde Barcelona donde, igual que sucede ahora, tendrán el president y sus ministros sus oficinas, se gobernaría, de manera inevitablemente centralista, la nueva nación catalana.
Pero el independentismo, como he sugerido más arriba, no es una pulsión que desaparezca fácilmente, ni los políticos independentistas cambian de color de un día para otro y, más pronto que tarde, las provincias de Girona, de Tarragona y de Lleida, comenzarían a sentirse asfixiadas por el control centralizado de Barcelona, sobre todo en lo tocante a la Hacienda pública y al reparto del dinero recabado en impuestos. Y llegaría el día en que los agricultores de Tarragona y los criadores de cerdos de Girona harían ver a sus paisanos que, según sus cálculos, pagan a la Hacienda barcelonesa más dinero del que reciben y entonces echarían mano de una vieja, y muy efectiva, muletilla popular que se usaba a principios del siglo XXI, y que concentraba toda la frustración y el reconcomio que sentían las provincias frente al poder centralista de la capital; una muletilla que, puesta al día, diría: “Barcelona nos roba”. Y con ese grito de guerra comenzarían un nuevo, y múltiple, proceso independentista, Girona, Tarragona y Lleida, se independizarían de Barcelona y desde luego una provincia de la otra porque, bien mirado el asunto, ¿qué tendrá que ver un leridano con un tarraconense o con un señor de Girona?, ¿no le parece a usted que son países radicalmente distintos con su propia historia y con su singular, e intransferible, identidad?, una idea también importada de principios del siglo XXI cuando los catalanes, todavía bajo el férreo control del Estado español, se preguntaban, ¿y qué tendremos que ver los catalanes con los españoles?
Una vez separada en cuatro la antigua Cataluña, la convicción de que “Barcelona nos roba” empezaría a hacer mella en las comarcas barcelonesas del Bajo Llobregat, del Garraf, del Maresme y del Vallés Occidental y todas a una, estas y también las demás comarcas, comenzarían su proceso de independencia, para hacerse cargo ellos mismos de su propio dinero recabado con sus impuestos, y para gestionar, a niveles históricos, antropológicos y filológicos, ese factor diferencial que los hace únicos, que permite distinguir, tan fácilmente como lo hace uno con la oscuridad y la luz, con el hielo y el fuego, a un señor de Rubí de uno de Alella.
Una vez independizadas las comarcas de Barcelona capital, y también unas de las otras, en la ciudad comenzaría a crecer una inquietud elemental, ¿por qué un vecino de la zona alta de la ciudad, de Sant Gervasi, de Sarriá o de Pedralbes, tiene que pagar más impuestos que un vecino del Ensanche o de El Raval?, y estos, a su vez, se preguntarían exactamente lo mismo sobre la infamia intolerable que supone pagar más impuestos que los vecinos de Nou Barris. “Barcelona nos roba”, dirían todos y montados en esta idea, que ya para entonces sería un clásico inamovible, echarían a andar un proceso independentista para que cada barrio tuviera el control de sus impuestos y de su economía, porque ¿a santo de qué va ser uno solidario con todas esas personas que ni conoce, ni tienen nada que ver con uno? Porque desde luego habría que reconocer, que así como entre un español y un catalán hay diferencias abismales, casi como las hay entre un hombre de Rubí y otro de Alella, también existe ese diferencial histórico, antropológico, filológico y hasta filosófico, entre un señor de Sant Gervasi y uno de Nou Barris. Y a partir de entonces se dispararía la independencia atómica, dentro de cada barrio se independizarían unas manzanas de las otras, y dentro de estas se irían independizando por edificios, y luego por pisos, y así hasta llegar a la independencia radical, hacia ese estadio de la civilización donde un hombre solo defiende lo suyo, con un palo, de otro hombre solo que quiere arrebatarle sus cosas.
La independencia de Cataluña se ve a lo lejos, en el horizonte, se encuentra en un estado que sus apólogos han tenido la ocurrencia de bautizar como “el proceso”: un tiro kafkiano en el pie. Una parte del establishment catalán trabaja en el proceso para conseguir la independencia pero, de momento, la independencia no existe, se trata de una idea que resulta más útil y cómoda como posibilidad, como pieza del futuro, que como parte del presente, porque aquí, hoy, el proceso se estrellaría contra la realidad y perdería ese encanto etéreo que hace a la independencia tan atractiva, y tan indispensables a los líderes independentistas. Declaraciones aparentemente descabelladas como la que hizo Oriol Junqueras en el Parlamento Europeo, que como medida de presión, para que el Estado español tome en serio sus demandas, amenazó con parar la economía catalana durante una semana, cobran en este contexto otro sentido: parece que se trata de un político que maniobra para no desnaturalizarse, para conservar su aura independentista y que, para mantenerse así, previsiblemente tirará de la cuerda hasta que se rompa.
La independencia es más hermosa de lejos, en el futuro. El caso se parece a la forma en que leemos el reloj en Cataluña, la independencia y las horas comparten el mismo principio de irrealidad, no lidian con el tiempo presente, como se hace en la mayoría de los países; mientras en Madrid, o en México, o en Nueva York o en París, se lee “la una y cuarto”, “quarter past one” o “une heure et quart”, en Barcelona la misma una y cuarto se lee “un quart de dues”, “un cuarto de dos”; no se suman minutos a la hora: se anuncia una fracción de ese tiempo que todavía no existe. Las dos de la tarde y la independencia son más cómodas a lo lejos; si, hasta que dan las dos en punto, dirá usted, pero tendrá que reconocer que en el léxico horario catalán el presente tiene mucho menos presencia que el futuro.
Pero vayamos por un momento a las dos en punto del proceso y supongamos que la independencia de Cataluña por fin se ha consumado, que por una grieta casi imperceptible de la legislación comunitaria el nuevo Estado ha logrado quedarse en Europa y también ha conseguido mantener el euro y a sus bancos dentro del sistema económico, y que gracias a los buenos oficios de la diplomacia amateur se ha alcanzado un acuerdo para impedir el veto de Madrid y de Londres. Supongamos que, como sería lógico pensar, Barcelona se convierte en la capital del nuevo Estado europeo, en la ciudad desde la que, como es habitual en las capitales, se administra la Hacienda pública, la justicia y el sistema nacional de salud, la organización de la agricultura y la ganadería, del turismo y los lineamientos para establecer un restaurante, un hotel o una estación de gasolina, en fin, que desde Barcelona donde, igual que sucede ahora, tendrán el president y sus ministros sus oficinas, se gobernaría, de manera inevitablemente centralista, la nueva nación catalana.
Pero el independentismo, como he sugerido más arriba, no es una pulsión que desaparezca fácilmente, ni los políticos independentistas cambian de color de un día para otro y, más pronto que tarde, las provincias de Girona, de Tarragona y de Lleida, comenzarían a sentirse asfixiadas por el control centralizado de Barcelona, sobre todo en lo tocante a la Hacienda pública y al reparto del dinero recabado en impuestos. Y llegaría el día en que los agricultores de Tarragona y los criadores de cerdos de Girona harían ver a sus paisanos que, según sus cálculos, pagan a la Hacienda barcelonesa más dinero del que reciben y entonces echarían mano de una vieja, y muy efectiva, muletilla popular que se usaba a principios del siglo XXI, y que concentraba toda la frustración y el reconcomio que sentían las provincias frente al poder centralista de la capital; una muletilla que, puesta al día, diría: “Barcelona nos roba”. Y con ese grito de guerra comenzarían un nuevo, y múltiple, proceso independentista, Girona, Tarragona y Lleida, se independizarían de Barcelona y desde luego una provincia de la otra porque, bien mirado el asunto, ¿qué tendrá que ver un leridano con un tarraconense o con un señor de Girona?, ¿no le parece a usted que son países radicalmente distintos con su propia historia y con su singular, e intransferible, identidad?, una idea también importada de principios del siglo XXI cuando los catalanes, todavía bajo el férreo control del Estado español, se preguntaban, ¿y qué tendremos que ver los catalanes con los españoles?
Una vez separada en cuatro la antigua Cataluña, la convicción de que “Barcelona nos roba” empezaría a hacer mella en las comarcas barcelonesas del Bajo Llobregat, del Garraf, del Maresme y del Vallés Occidental y todas a una, estas y también las demás comarcas, comenzarían su proceso de independencia, para hacerse cargo ellos mismos de su propio dinero recabado con sus impuestos, y para gestionar, a niveles históricos, antropológicos y filológicos, ese factor diferencial que los hace únicos, que permite distinguir, tan fácilmente como lo hace uno con la oscuridad y la luz, con el hielo y el fuego, a un señor de Rubí de uno de Alella.
Una vez independizadas las comarcas de Barcelona capital, y también unas de las otras, en la ciudad comenzaría a crecer una inquietud elemental, ¿por qué un vecino de la zona alta de la ciudad, de Sant Gervasi, de Sarriá o de Pedralbes, tiene que pagar más impuestos que un vecino del Ensanche o de El Raval?, y estos, a su vez, se preguntarían exactamente lo mismo sobre la infamia intolerable que supone pagar más impuestos que los vecinos de Nou Barris. “Barcelona nos roba”, dirían todos y montados en esta idea, que ya para entonces sería un clásico inamovible, echarían a andar un proceso independentista para que cada barrio tuviera el control de sus impuestos y de su economía, porque ¿a santo de qué va ser uno solidario con todas esas personas que ni conoce, ni tienen nada que ver con uno? Porque desde luego habría que reconocer, que así como entre un español y un catalán hay diferencias abismales, casi como las hay entre un hombre de Rubí y otro de Alella, también existe ese diferencial histórico, antropológico, filológico y hasta filosófico, entre un señor de Sant Gervasi y uno de Nou Barris. Y a partir de entonces se dispararía la independencia atómica, dentro de cada barrio se independizarían unas manzanas de las otras, y dentro de estas se irían independizando por edificios, y luego por pisos, y así hasta llegar a la independencia radical, hacia ese estadio de la civilización donde un hombre solo defiende lo suyo, con un palo, de otro hombre solo que quiere arrebatarle sus cosas.
Jordi Soler es escritor. @jsolerescritor
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