En este blog quiero dar mi propia visión del conflicto entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español. Parece que ahora tienes que estar en un bando o en otro y personalmente prefiero estar en el que estoy ahora pero mejorando todo aquello que no funciona, tanto de un bando como del otro. Basta de manipulaciones nacionalistas de cualquier signo. ¿De verdad es imposible España tal y como la conocemos? WE NEED YOUR HELP-NECESITAMOS TU AYUDA-NECESSITEM EL TEU AJUT
miércoles, 26 de febrero de 2014
Los jueces, la legalidad y la legitimidad
@el_pais: ¿En su condición de juristas?: http://elpais.com/ccaa/2014/02/25/catalunya/1393356471_543972.html
miércoles, 19 de febrero de 2014
Visca Catalunya... pero ¿visca Dalí?
El 30 de enero de 1989, ocho días después de la muerte de Salvador Dalí
en Figueres a los 84 años de edad, la polémica que le acompañó toda su
vida volvió a estallar: como en uno de los actos provocativos y
surrealistas que tanto le gustaba protagonizar, Dalí declaraba “heredero
universal y libre de todos sus bienes” al Estado español, según su último testamento de septiembre de 1982.
El documento anulaba el anterior de 1980, en el que legaba sus bienes, a
partes iguales, al Estado y a la Generalitat. Desde ese momento, 700
pinturas y 3.000 dibujos y acuarelas, algunas obras capitales del
surrealismo como El gran masturbador y El enigma de Hitler,dos
casas, una en Figueres y otra en Port Lligat (Cadaqués), un castillo en
Púbol, unos terrenos en la costa y toda su documentación, pasaban a
poder del Ministerio de Cultura. Fue el golpe de efecto póstumo de Dalí
para Cataluña, que durante décadas no supo cómo encajarlo.
Según escribió Robert Descharnes, el secretario del pintor (fallecido ayer), la primera vez que el artista y el presidente de la Generalitat Jordi Pujol se vieron fue en mayo de 1981, en la suite del hotel Meurice de París. Mientras Pujol contemplaba sentado una las pinturas, Dalí se colocó a su lado y se tiró un sonoro pedo. El genio de Figueres asociaba el apellido del presidente con Joseph Pujol, Le Petoman, famoso por sus conciertos en el Mouline Rouge, donde tocaba incluso La Marsellesa con su instrumento humano. Fue la forma de congratularse con el político, pero este sonoro encuentro seguro marcó, y no a favor, la relación posterior.
Dalí no fue nunca un personaje cómodo para el nacionalismo catalán ni agradó a los intelectuales catalanes. En 1980 la exposición Cent anys de cultura catalana, celebrada en Madrid, no mostró ninguna obra suya por decisión del comité de expertos.
Se lo ganó a pulso. La fascinación confesa, que no identidad política, por personajes como Hitler, o la proximidad a Franco, además de su rechazo a los nacionalismos y sus críticas a los popes de la cultura catalana, supuso la ruptura con la cultura imperante. Al final de la vida de Dalí, nadie recordaba que con 19 años fue detenido tras enarbolar una senyera entrando en barca al puerto de Cadaqués. Tampoco, que siempre había hecho gala de su catalanidad apareciendo en los actos con barretina y espardenyes.
La Generalitat, que había corrido con los gastos del entierro, no daba crédito tras conocer el nuevo testamento. Los intentos por acabar siendo la única beneficiaria de su legado no habían dado su fruto. Más bien al contrario. “Pujol lo visitó varias veces, también su consejero Max Cahner. Había voluntad de congraciarse y acercarlo a Cataluña y se le había concedido la Medalla de Oro de la Generalitat en 1981”, recuerda Daniel Giralt Miracle, que tuvo un papel activo en las negociaciones con Madrid como director desde 1980 del Museo de Arte Contemporáneo. Pujol incluso aseguró: “Nos sentimos engañados, pero no sabemos por quién”, mientras que Cahner calificó a Dalí de “cobarde” y, en una declaración muy actual, dijo que el Ministerio era “representante de las fuerzas de ocupación”.
Desde Madrid negaron conocer la última voluntad de Dalí y haber influido o manipulado el testamento. Semprún escribió en sus memorias que durante el funeral “miraba de reojo a Pujol y sentía ganas de gritar o de aullar de risa”, algo que se interpretó como que conocía la última voluntad del artista. Nadie duda de que Madrid había ganado la partida en su acercamiento al genio. En 1981 el abogado de Dalí, Miguel Domènech —cuñado del presidente Calvo Sotelo— había iniciado su rescate: solucionando su delicada situación fiscal, condonándole sus pagos atrasados a Hacienda y repatriando su patrimonio disperso en Nueva York, Ginebra y París. El Estado no quería que se le escapara como había pasado con Picasso. Por eso, le condecoró y el rey le nombró marqués en 1982. Según explicó Javier Tusell, director general de Bellas Artes entre 1979 y 1982, es entonces cuando se fraguó la antológica que se vio en 1983 en Madrid y Barcelona, que ayudó a inclinar la balanza.
“Fue una sorpresa. Un ayudante entró en mi despacho y dijo: ‘Nos lo ha dejado todo, tenemos que emplearnos a fondo”, explica 25 años después Jaime Brihuega, entonces director general de Bellas Artes. Según Brihuega, la Generalitat intentó hacer valer que representaba el Estado en Cataluña y eso la hacía heredera.
A los cuatros días, en la primera reunión, Semprún dejó claro que habría reparto, ya que Cataluña tenía también derecho. Se constituyó una comisión para determinar qué obras irían al Reina Sofía y cuáles a Figueres y Barcelona. Luego vinieron las reuniones de los técnicos. Participaron Brihuega y Tomas Llorens, director del Reina Sofía por Madrid y Eduard Carbonell, director general de Patrimonio y Giralt Miracle, por Cataluña. “Si hubo pugna fue en lo político, no en el cultural, ya que se trataba de una reunión de amigos y colegas. Cada uno presentó una propuesta y se llegó a un acuerdo”, recuerda Brihuega: 56 obras fueron al Reina Sofía y 134 a Figueres, entre ellas Maniquí Barcelonés y Galarina. Y Barcelona se quedó sin obras de Dalí. “Fue una decisión de la Generalitat, el Ministerio no tuvo nada que ver”, explica Brihuega. Según el consejero de Cultura actual Ferran Mascarell, “en algún momento de la negociación, quien la gestionaba decidió no ejecutar la opción de que en Barcelona se quedaran algunas obras. Habrá que preguntarles”.
No lo recuerda así Giralt Miracle, para el que la negociación fue muy dura. “Nos presentaron una lista de piezas que eran intocables, pero la final conseguimos algunas y hubo intercambio”. Aunque lamenta: “Nos dieron las migajas”.
Brihuega cree que se hizo un trabajo excepcional de algo que parecía justo, y niega que el Centro de Estudios Dalinianos se quisiera trasladar a Madrid, tal y como se ha publicado: “Habría sido un error, viendo el buen resultado de su trabajo en Figueres”. Y recuerda: “El estado podía haber hecho un acto de soberbia y quedarse con todas, ya que jurídicamente podía hacerlo”.
Para él, la situación actual haría imposible este acuerdo. “Espero que nadie, aprovechando el 25 aniversario, asegure, de forma demagógica, que la actitud del Estado fue entonces de saqueo y expolio, que es lo que harán algunos nacionalistas”, comenta. Pero ya ha ocurrido. Albert Pont, presidente del Cercle Català de Negocios (CCN) el lobby soberanista de las pymes catalanas, en su libro Delenda est Hispania, explica que, entre las cosas que hay que reclamar al día siguiente de la independencia, están las obras de Dalí en Madrid. Brihuega recuerda que las obras depositadas en Figueres siguen siendo propiedad del Estado, por lo que la reclamación podría ser en sentido contrario. “En caso de independencia se produciría un litigio tremendo”.
El año pasado, 1,6 millones de personas visitaron los centros dalinianos de Figueres, Púbol y Portlligat, que obtuvieron por entradas casi 10 millones de euros y generaron un impacto en el Empordà de 181 millones de euros, según un estudio de la Universitat de Girona. Pero Dalí no parece normalizado en Cataluña 25 años después de su muerte. A día de hoy, el pintor no tiene ninguna calle, avenida o plaza en Barcelona. El actual consistorio barcelonés asegura que “no es fácil encontrar un sitio relevante y céntrico” que lleve su nombre. Desde 1986 Madrid cuenta con una plaza dedicada al pintor. Tampoco ha habido actos oficiales en Cataluña para celebrar el cuarto de siglo de su desaparición. “Dalí es un personaje peligroso e incómodo para el nacionalismo catalán, porque si se quiere fagotizar acaba explotándote dentro”, remacha Brihuega. Para Giralt-Miracle, Dalí fue “un provocador que atentó contra la moral a lo largo de su vida y la cultura es muy dogmática. No es de extrañar que fuera políticamente incómodo”. Mascarell, en cambio mantiene que “Dalí sí está normalizado culturalmente y se le reconoce su aportación singular al arte del siglo XX”.
Sus exposiciones siguen pasando de largo. En 2004, la gran retrospectiva que se organizó con motivo de su centenario se vio en Venecia y Filadelfia, con obras de Madrid y Figueres. El año pasado, la antológica que ha batido records, tras verla más de un millón de personas en París y Madrid, no pasó por Cataluña. Tras un rifirrafe en el que Mascarell acusó a la anterior dirección del MNAC de haber rechazado organizarla en Barcelona y negarlo Maite Ocaña después, el consejero dice ahora: “Pido disculpas. No tengo duda de que si dice que no la rechazó es así”, dando por zanjado el tema.
El Macba no tiene obras en sus fondos del artista. Su director, Bartomeu Marí, mantiene que Dalí “no está integrado y se conoce muy poco, solo un cliché y una marca”. Para ver obras de Dalí en Barcelona hay que subir a Montjuïc. El MNAC posee solo cuatro pinturas del genio: tres dibujos de primera época y una pintura cedida por la Generalitat en 2010: Nacimiento de una diosa. Frente al MNAC, uno de los techos abovedados del palacete Albeniz luce desde 1969, casi de forma casi clandestina, una pintura mural que realizó por encargó del alcalde Porcioles. Otra vez el franquismo.
EL PAIS
Según escribió Robert Descharnes, el secretario del pintor (fallecido ayer), la primera vez que el artista y el presidente de la Generalitat Jordi Pujol se vieron fue en mayo de 1981, en la suite del hotel Meurice de París. Mientras Pujol contemplaba sentado una las pinturas, Dalí se colocó a su lado y se tiró un sonoro pedo. El genio de Figueres asociaba el apellido del presidente con Joseph Pujol, Le Petoman, famoso por sus conciertos en el Mouline Rouge, donde tocaba incluso La Marsellesa con su instrumento humano. Fue la forma de congratularse con el político, pero este sonoro encuentro seguro marcó, y no a favor, la relación posterior.
Dalí no fue nunca un personaje cómodo para el nacionalismo catalán ni agradó a los intelectuales catalanes. En 1980 la exposición Cent anys de cultura catalana, celebrada en Madrid, no mostró ninguna obra suya por decisión del comité de expertos.
Se lo ganó a pulso. La fascinación confesa, que no identidad política, por personajes como Hitler, o la proximidad a Franco, además de su rechazo a los nacionalismos y sus críticas a los popes de la cultura catalana, supuso la ruptura con la cultura imperante. Al final de la vida de Dalí, nadie recordaba que con 19 años fue detenido tras enarbolar una senyera entrando en barca al puerto de Cadaqués. Tampoco, que siempre había hecho gala de su catalanidad apareciendo en los actos con barretina y espardenyes.
La Generalitat, que había corrido con los gastos del entierro, no daba crédito tras conocer el nuevo testamento. Los intentos por acabar siendo la única beneficiaria de su legado no habían dado su fruto. Más bien al contrario. “Pujol lo visitó varias veces, también su consejero Max Cahner. Había voluntad de congraciarse y acercarlo a Cataluña y se le había concedido la Medalla de Oro de la Generalitat en 1981”, recuerda Daniel Giralt Miracle, que tuvo un papel activo en las negociaciones con Madrid como director desde 1980 del Museo de Arte Contemporáneo. Pujol incluso aseguró: “Nos sentimos engañados, pero no sabemos por quién”, mientras que Cahner calificó a Dalí de “cobarde” y, en una declaración muy actual, dijo que el Ministerio era “representante de las fuerzas de ocupación”.
Desde Madrid negaron conocer la última voluntad de Dalí y haber influido o manipulado el testamento. Semprún escribió en sus memorias que durante el funeral “miraba de reojo a Pujol y sentía ganas de gritar o de aullar de risa”, algo que se interpretó como que conocía la última voluntad del artista. Nadie duda de que Madrid había ganado la partida en su acercamiento al genio. En 1981 el abogado de Dalí, Miguel Domènech —cuñado del presidente Calvo Sotelo— había iniciado su rescate: solucionando su delicada situación fiscal, condonándole sus pagos atrasados a Hacienda y repatriando su patrimonio disperso en Nueva York, Ginebra y París. El Estado no quería que se le escapara como había pasado con Picasso. Por eso, le condecoró y el rey le nombró marqués en 1982. Según explicó Javier Tusell, director general de Bellas Artes entre 1979 y 1982, es entonces cuando se fraguó la antológica que se vio en 1983 en Madrid y Barcelona, que ayudó a inclinar la balanza.
“Fue una sorpresa. Un ayudante entró en mi despacho y dijo: ‘Nos lo ha dejado todo, tenemos que emplearnos a fondo”, explica 25 años después Jaime Brihuega, entonces director general de Bellas Artes. Según Brihuega, la Generalitat intentó hacer valer que representaba el Estado en Cataluña y eso la hacía heredera.
A los cuatros días, en la primera reunión, Semprún dejó claro que habría reparto, ya que Cataluña tenía también derecho. Se constituyó una comisión para determinar qué obras irían al Reina Sofía y cuáles a Figueres y Barcelona. Luego vinieron las reuniones de los técnicos. Participaron Brihuega y Tomas Llorens, director del Reina Sofía por Madrid y Eduard Carbonell, director general de Patrimonio y Giralt Miracle, por Cataluña. “Si hubo pugna fue en lo político, no en el cultural, ya que se trataba de una reunión de amigos y colegas. Cada uno presentó una propuesta y se llegó a un acuerdo”, recuerda Brihuega: 56 obras fueron al Reina Sofía y 134 a Figueres, entre ellas Maniquí Barcelonés y Galarina. Y Barcelona se quedó sin obras de Dalí. “Fue una decisión de la Generalitat, el Ministerio no tuvo nada que ver”, explica Brihuega. Según el consejero de Cultura actual Ferran Mascarell, “en algún momento de la negociación, quien la gestionaba decidió no ejecutar la opción de que en Barcelona se quedaran algunas obras. Habrá que preguntarles”.
No lo recuerda así Giralt Miracle, para el que la negociación fue muy dura. “Nos presentaron una lista de piezas que eran intocables, pero la final conseguimos algunas y hubo intercambio”. Aunque lamenta: “Nos dieron las migajas”.
Brihuega cree que se hizo un trabajo excepcional de algo que parecía justo, y niega que el Centro de Estudios Dalinianos se quisiera trasladar a Madrid, tal y como se ha publicado: “Habría sido un error, viendo el buen resultado de su trabajo en Figueres”. Y recuerda: “El estado podía haber hecho un acto de soberbia y quedarse con todas, ya que jurídicamente podía hacerlo”.
Para él, la situación actual haría imposible este acuerdo. “Espero que nadie, aprovechando el 25 aniversario, asegure, de forma demagógica, que la actitud del Estado fue entonces de saqueo y expolio, que es lo que harán algunos nacionalistas”, comenta. Pero ya ha ocurrido. Albert Pont, presidente del Cercle Català de Negocios (CCN) el lobby soberanista de las pymes catalanas, en su libro Delenda est Hispania, explica que, entre las cosas que hay que reclamar al día siguiente de la independencia, están las obras de Dalí en Madrid. Brihuega recuerda que las obras depositadas en Figueres siguen siendo propiedad del Estado, por lo que la reclamación podría ser en sentido contrario. “En caso de independencia se produciría un litigio tremendo”.
El año pasado, 1,6 millones de personas visitaron los centros dalinianos de Figueres, Púbol y Portlligat, que obtuvieron por entradas casi 10 millones de euros y generaron un impacto en el Empordà de 181 millones de euros, según un estudio de la Universitat de Girona. Pero Dalí no parece normalizado en Cataluña 25 años después de su muerte. A día de hoy, el pintor no tiene ninguna calle, avenida o plaza en Barcelona. El actual consistorio barcelonés asegura que “no es fácil encontrar un sitio relevante y céntrico” que lleve su nombre. Desde 1986 Madrid cuenta con una plaza dedicada al pintor. Tampoco ha habido actos oficiales en Cataluña para celebrar el cuarto de siglo de su desaparición. “Dalí es un personaje peligroso e incómodo para el nacionalismo catalán, porque si se quiere fagotizar acaba explotándote dentro”, remacha Brihuega. Para Giralt-Miracle, Dalí fue “un provocador que atentó contra la moral a lo largo de su vida y la cultura es muy dogmática. No es de extrañar que fuera políticamente incómodo”. Mascarell, en cambio mantiene que “Dalí sí está normalizado culturalmente y se le reconoce su aportación singular al arte del siglo XX”.
Sus exposiciones siguen pasando de largo. En 2004, la gran retrospectiva que se organizó con motivo de su centenario se vio en Venecia y Filadelfia, con obras de Madrid y Figueres. El año pasado, la antológica que ha batido records, tras verla más de un millón de personas en París y Madrid, no pasó por Cataluña. Tras un rifirrafe en el que Mascarell acusó a la anterior dirección del MNAC de haber rechazado organizarla en Barcelona y negarlo Maite Ocaña después, el consejero dice ahora: “Pido disculpas. No tengo duda de que si dice que no la rechazó es así”, dando por zanjado el tema.
El Macba no tiene obras en sus fondos del artista. Su director, Bartomeu Marí, mantiene que Dalí “no está integrado y se conoce muy poco, solo un cliché y una marca”. Para ver obras de Dalí en Barcelona hay que subir a Montjuïc. El MNAC posee solo cuatro pinturas del genio: tres dibujos de primera época y una pintura cedida por la Generalitat en 2010: Nacimiento de una diosa. Frente al MNAC, uno de los techos abovedados del palacete Albeniz luce desde 1969, casi de forma casi clandestina, una pintura mural que realizó por encargó del alcalde Porcioles. Otra vez el franquismo.
EL PAIS
lunes, 17 de febrero de 2014
De como Catalunya se volvió rica
http://www.abc.es/espana/20140210/abci-como-cataluna-volvio-rica-201402100444.html
La razón sin razones : JAVIER CERCAS
Un idiota es quien cree
que todos los nacionalistas catalanes son idiotas; la proliferación de
esa clase de idiotez es una de las razones por las que en Cataluña
estamos donde estamos. Pero no la única: casi nada se explica por una
sola razón. Es verdad que el auge independentista es fruto de 30 años de
nacionalismo orientado no sólo al nation building –construcción de una nación–, sino al State building
–construcción de un Estado–, y que, en vez de pedir la secesión con
claridad y limpieza como hacen en Quebec, los nacionalistas han decidido
que la única forma de llegar a ella consiste en engañar con trapacerías
como el derecho a decidir y, agitando la bandera de la democracia, en
intentar saltarse la ley, que es la principal garantía de la democracia,
en vez de intentar cambiarla.
Es verdad que la
situación es fruto de una justificadísima sensación general de maltrato,
que no se atribuye a varias razones, sino a una sola, llamada España,
cosa que a los catalanes nos provoca un gran alivio momentáneo (porque
significa que no somos responsables de nuestras desdichas: el
responsable es otro) y que de paso ilumina una faceta algo oscurecida
del fenómeno: se trata de la forma que ha adoptado entre nosotros el
populismo provocado en toda Europa por la crisis.
Es verdad que en
Cataluña se ha instalado a ratos lo que Francesc de Carreras ha llamado,
citando a Elisabeth Noelle-Neumann, “la espiral del silencio”, que
viene a ser lo que yo, citando a Pierre Vilar, llamé “unanimismo” –una
ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la disidencia–, lo
cual ha provocado a su vez una lógica aprensión entre políticos,
periodistas e intelectuales, que o se han callado o, como aquel
personaje de Chaplin, se han sumado a la manifestación que avanzaba
hacia ellos, colocándose además a su cabeza.Todo esto es verdad, pero
hay más; por ejemplo: la incapacidad para crear en Cataluña un discurso
alternativo al del nacionalismo.
¿Cuáles son los
discursos alternativos al nacionalismo catalán existentes ahora mismo?
Dos. El primero es el del nacionalismo español, sobre todo representado
por el PP. Este discurso es inútil contra el nacionalismo catalán: por
un lado, porque, mientras en estos años el nacionalismo catalán
rejuvenecía, el español se fosilizaba, apoltronado en su aparente
triunfo; por otro, y sobre todo, porque el nacionalismo español no puede
combatir al catalán, sino sólo intentar destruirlo (que es lo que ha
intentado sin éxito desde hace más de un siglo): un nacionalismo no se
combate con otro nacionalismo, sino con la razón, y lo primero que hay
que hacer para combatir al nacionalismo catalán es entender que este no
es un combate contra él, sino contra el nacionalismo a secas, empezando
por el español, históricamente mucho más dañino que el catalán.
El segundo
discurso disponible contra el nacionalismo catalán es el de UPyD y
Ciutadans; se trata de un discurso menos vetusto, pero no menos
ineficaz, entre otras cosas porque, como ha señalado Jorge Urdánoz,
propone una traslación casi automática del discurso antinacionalista que
sí fue eficaz contra ETA en el País Vasco. Todos los nacionalismos se
parecen en el fondo, pero todos se diferencian en la superficie; no
entender esa diferencia es no entenderlos (y por tanto no poder
combatirlos): el nacionalismo de ETA es violento y el catalán no; el
nacionalismo de ETA es etnicista y el catalán no. Podríamos seguir, por
ejemplo con la cuestión de la lengua, tan distinta en Cataluña y el País
Vasco y, para mí, tan mal planteada por el PP como por Ciutadans; pero
se me acaba el artículo, así que mejor la dejo para el siguiente.
“Señor Roque”, le dice don Quijote al catalán Roque Guinart, “el
principio de la salud está en conocer la enfermedad y en querer tomar el
enfermo las medicinas que el médico le ordena”. Una de las causas del
auge del independentismo catalán es que el médico se ha equivocado de
diagnóstico y le ha recetado al paciente una medicina que, en vez de
curar la enfermedad, la agudiza. Quienes piensan que nuestros problemas
se arreglan con la independencia de Cataluña no tienen a mi juicio
razón, pero tienen muchas razones; en cambio, quienes pensamos lo
contrario quizá tengamos razón, pero no tenemos razones. Y la razón sin
razones no sirve de nada.
No hace mucho
recordaba Álex Grijelmo el episodio en este periódico. Don Quijote y
Sancho avanzan hacia Barcelona cuando son detenidos por unos bandoleros;
estos hablan en catalán y, aunque con “cuatro pistoletes” amenazándole a
uno es posible entender hasta el zulú, todo indica que a continuación
se da, como dice Grijelmo, “una situación de bilingüismo tácito que
invita a imaginar a cada uno comunicándose en su idioma”. No es raro.
Catalán y castellano se parecen tanto –al fin y al cabo, ambos no son
más que latín mal hablado– que, aunque los protagonistas de Cervantes
nunca hayan oído hablar catalán, entienden a los bandoleros: no sólo Don
Quijote, que es un hidalgo leído, sino también Sancho, que es un
destripaterrones. Dicho de otro modo: es posible pasarse un mes oyendo
hablar en catalán sin llegar a entender una palabra, pero para eso hay
que esforzarse mucho o ser más necio que el bueno de Sancho.
Dos semanas atrás
intenté señalar en esta columna una de las causas que, a mi juicio,
explican el auge del independentismo en Cataluña: la ausencia de un
discurso capaz de combatir al renovado discurso del nacionalismo
catalán. Frente a éste, añadía, sólo existen dos alternativas: la del
viejo nacionalismo español representado por el PP, que no puede combatir
al nacionalismo catalán porque no entiende que el problema no es el
nacionalismo catalán, sino el nacionalismo a secas, empezando por el
español; y el discurso de UPyD y Ciutadans, que tampoco puede combatir
al nacionalismo catalán porque en lo esencial se fabricó en el País
Vasco para combatir el nacionalismo vasco, que es parecido pero distinto
al catalán.
En cuanto a la
izquierda (UPyD y Ciutadans aún no sabemos lo que son, aunque mientras
lo deciden tratan de vendernos la moto de que la derecha y la izquierda
ya no existen), en este punto apenas ha tenido discurso propio, porque
se durmió en los laureles de su supuesta superioridad intelectual y
moral, convencida de que el dinosaurio del nacionalismo no reaparecería
después de aplastar Europa dos veces y, cuando se despertó, el
dinosaurio estaba otra vez allí, intacto.
El resultado es que
el discurso político catalán está colonizado por el nacionalismo, que ha
tejido una telaraña conceptual de la que la izquierda parece incapaz de
librarse. Así se explica, por ejemplo, que en Cataluña no se pueda no
ser nacionalista: o eres nacionalista catalán o eres nacionalista
español y, si abominas por igual de ambos nacionalismos (y del
nacionalismo a secas), es que eres un nacionalista español encubierto.
Así se explica que se haya permitido que el nacionalismo coloque en el
centro del debate el llamado derecho a decidir, una aberración
lingüística (el verbo “decidir” no es intransitivo: hay que decidir
“algo”), una imposibilidad jurídica (en democracia no se puede decidir
lo que a uno le da la gana) y un eufemismo (por “derecho de
autodeterminación”, derecho que ninguna democracia reconoce en su seno),
convertido todo ello en el engaño ideal para crear la ilusión de que la
gran mayoría de los catalanes quiere la independencia y de ese modo
poder llevarnos de matute a ella. Así se explica, en fin, que Artur Mas
proclame con gran solemnidad que en Cataluña el problema es si podemos
votar o no y nadie le conteste que en Cataluña votamos desde hace casi
40 años y que por eso él es nuestro presidente; a lo cual Mas
contestaría verosímilmente que lo que él pregunta es si se puede votar o
no la independencia, y nadie le contestaría, me temo, que sí se puede,
siempre que se vote a ERC o CUP y no a su coalición, que no lleva la
independencia en su programa.
Esta indigencia
argumentativa es la cuestión. Lo repito: no creo que tengan razón
quienes piensan que la independencia de Cataluña arreglaría nuestros
problemas, pero tienen muchas razones; a quienes no lo pensamos nos pasa
lo contrario. Pero en el artículo anterior prometí que explicaría por
qué las razones del habitual discurso antinacionalista en materia
lingüística también me parecen equivocadas. Lo explicaré en el próximo;
sólo adelanto ahora que, como muestra la anécdota del Quijote
con que empecé, hay que tener muchas ganas de crear un problema para
crearlo entre dos lenguas tan semejantes como el catalán y el
castellano.
El embrollo de la lengua vehicular
Los recientes autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
que exigen al Gobierno catalán la introducción de una cuota del 25% de
horas lectivas en castellano, han sido recibidos como una agresión
contra un sistema (la inmersión lingüística) que no solo cuenta con un
apoyo parlamentario sólido sino también con el aval de los expertos y el
refrendo de los resultados académicos. La reacción de la Generalitat,
que tanto reprocha últimamente al Gobierno español su inmovilismo en el
contencioso soberanista, ha sido inmovilista a su vez: al decir de
Francesc Homs, consejero de la Presidencia, no se va a mover “ni una
coma” del sistema. Ante este punto muerto tan gráficamente expresado son
urgentes algunas reflexiones.
Para empezar, los autos del TSJC, lejos de desmontar el sistema de inmersión “por la puerta de atrás”, lo ratifican de frente. El TSJC se esfuerza en remarcar que la proporción de la presencia vehicular del castellano “debe partir de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema”. En este sentido, el modelo al que apunta el TSJC se sitúa claramente en contra de los modelos que vienen defendiendo los adversarios del sistema de inmersión. En su programa electoral de 2010, el PP de Cataluña estableció las proporciones que deberían corresponder a las diferentes lenguas vehiculares: entre una quinta y una tercera parte en inglés y el resto repartido a partes iguales entre el catalán y el castellano. Si optamos por la quinta parte en inglés, estamos hablando de un modelo 20-40-40, que es precisamente el modelo que defiende Ciutadans. Entre el 25% del TSJC y el 40% de estos partidos hay sin duda un trecho. Y el trecho es todavía mayor entre lo que dice el TSJC y lo que postula UPyD, que no es otra cosa que la posibilidad de elegir escuelas donde todo el currículo se imparta en castellano.
El problema, pues, no es que el TSJC destruya un sistema en el que el catalán debe seguir siendo el centro de gravedad. El problema, en todo caso, es que suplante al legislador y se saque de la manga que el 25% de docencia en castellano es lo que constituye una proporción razonable. Más allá del consabido argumento de la invasión de competencias, aquí hay que hacerse al menos estas dos preguntas. ¿Razonable para qué? ¿Y por qué el 25%?
El TSJC concluye que a la luz de precedentes como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de julio de 1968 “procede fijar en el 25% de las horas efectivamente lectivas el mínimo de referencia”. La sentencia citada se refiere a ciertas poblaciones de la periferia de Bruselas en cuyas escuelas públicas la lengua de la enseñanza es el neerlandés, a pesar de que una parte importante de su población es francófona. Según la legislación examinada por el TEDH, en estas escuelas la enseñanza del francés ni siquiera era obligatoria y en ningún caso se preveía su utilización como lengua vehicular, una situación que los jueces dieron por buena. La legislación examinada también establecía la posibilidad de organizar la enseñanza en francés si lo solicitaban al menos 16 familias francófonas; estas escuelas sí que tenían la obligación de enseñar la lengua neerlandesa, pero no de utilizarla como lengua vehicular. Si la sentencia del TEDH no fija ningún porcentaje, ¿cuál es el precedente, si no es la imaginación del Tribunal?
Pero más allá del aspecto relativamente técnico del porcentaje se halla la cuestión sustancial de la razonabilidad. Se supone que la introducción del castellano como lengua vehicular debería ser un instrumento para garantizar el correcto aprendizaje de esta lengua. Sin embargo, ni en las interlocutorias actuales ni en los anteriores pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión se proporciona ninguna evidencia de que los alumnos cuyos padres han solicitado enseñanza en castellano padezcan un déficit de conocimiento de esta lengua. Esto lleva a pensar que lo de la razonabilidad no obedece a necesidades pedagógicas sino a convicciones ideológicas, y concretamente a una variante del westfalianismo lingüístico (ya saben: un Estado, una lengua): el castellano debe ser lengua vehicular en todo el territorio español (aunque en algunas regiones solo sea el 25%). Detrás de esta actitud se esconde un prejuicio político: un sistema educativo en el que la única lengua vehicular sea el catalán es percibido como antiespañol.
Naturalmente, al westfalianismo español le corresponde el westfalianismo catalán, según el cual en Cataluña la lengua vehicular debe ser el catalán. Y aquí asoma un prejuicio paralelo: la introducción del castellano como lengua vehicular es percibida como una maniobra anticatalana. (Lo curioso es que los recelos que despierta el castellano no los despierta el inglés: cuando la consejera de Educación, Irene Rigau, anunció que el 12% de las horas lectivas de primaria, el 15% de secundaria y el 18% de bachillerato serían en inglés, a nadie se le ocurrió decir que eso suponía desmontar el sistema de inmersión “por la puerta de atrás”).
Para pacificar este asunto solo cabría una posibilidad, que es
dejarse de westfalianismos. En primer lugar, habría que ratificar el
único punto de encuentro de todas las partes, que no es otro que el
bilingüismo terminal. Sea cual sea la decisión que se tome en materia de
lenguas vehiculares, el sistema educativo debe garantizar el correcto
aprendizaje tanto del catalán como del castellano. En segundo lugar,
habría que dar libertad a los consejos escolares de los centros
educativos para que establezcan su lengua o sus lenguas vehiculares y,
si es el caso, la proporción de cada una de ellas. ¿Que la mayoría
optará por mantener el catalán como lengua vehicular? Nada que decir,
siempre que se garantice el bilingüismo terminal. ¿Que algunos optarán
por impartir el 25% (por ejemplo) de las horas lectivas en castellano?
Tampoco nada que decir, siempre que se garantice el bilingüismo
terminal. Y todo ello sin olvidar la urgencia de levantar el
conocimiento del inglés (la verdadera lacra lingüística del sistema
educativo catalán, como lo es del español) mediante su introducción como
segunda o tercera lengua vehicular.
Lo más irónico del asunto es que esta es precisamente la dirección en la que está evolucionando el sistema de inmersión. Diga lo que no diga la Ley de Educación de Cataluña, la Generalitat permite impartir un área en lengua castellana (aparte de la lengua y literatura castellanas) “en los centros que dadas las condiciones de su entorno sociolingüístico dispongan de un proyecto específico”. En virtud de esta posibilidad, y según datos aireados por la propia consejera de Educación, el 13% de escuelas públicas y concertadas de Cataluña ya está utilizando el castellano como lengua vehicular. (Por lo que respecta al inglés, el 34% de los centros lo utiliza como vehicular, y ya hemos mencionado el proyecto de Irene Rigau de conceder a esta lengua entre un 12% y un 18% del tiempo lectivo). En otras palabras, en Cataluña ya existen hoy escuelas que utilizan tres lenguas vehiculares sin que nadie las haya acusado de desmontar la inmersión “por la puerta de atrás”.
Y terminamos. Sería muy interesante estudiar ese 13% de escuelas que utilizan el castellano como lengua vehicular. ¿Por qué se tomó la decisión de adoptar el castellano? ¿Cómo se obtuvo el consenso de las familias? ¿Qué impacto está teniendo la medida? A lo mejor descubriríamos que el hecho de utilizar el castellano como lengua vehicular ha mejorado el conocimiento del castellano sin dañar el del catalán. Dejar que el sistema evolucione de este modo natural parece más recomendable que modificarlo a golpe de autos judiciales inspirados en última instancia en la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Pero claro: en este momento de la historia ya les va bien, a los unos y los otros, que la cuestión de la lengua vehicular se haya convertido en un arma arrojadiza más.
Para empezar, los autos del TSJC, lejos de desmontar el sistema de inmersión “por la puerta de atrás”, lo ratifican de frente. El TSJC se esfuerza en remarcar que la proporción de la presencia vehicular del castellano “debe partir de la consideración del catalán como centro de gravedad del sistema”. En este sentido, el modelo al que apunta el TSJC se sitúa claramente en contra de los modelos que vienen defendiendo los adversarios del sistema de inmersión. En su programa electoral de 2010, el PP de Cataluña estableció las proporciones que deberían corresponder a las diferentes lenguas vehiculares: entre una quinta y una tercera parte en inglés y el resto repartido a partes iguales entre el catalán y el castellano. Si optamos por la quinta parte en inglés, estamos hablando de un modelo 20-40-40, que es precisamente el modelo que defiende Ciutadans. Entre el 25% del TSJC y el 40% de estos partidos hay sin duda un trecho. Y el trecho es todavía mayor entre lo que dice el TSJC y lo que postula UPyD, que no es otra cosa que la posibilidad de elegir escuelas donde todo el currículo se imparta en castellano.
El problema, pues, no es que el TSJC destruya un sistema en el que el catalán debe seguir siendo el centro de gravedad. El problema, en todo caso, es que suplante al legislador y se saque de la manga que el 25% de docencia en castellano es lo que constituye una proporción razonable. Más allá del consabido argumento de la invasión de competencias, aquí hay que hacerse al menos estas dos preguntas. ¿Razonable para qué? ¿Y por qué el 25%?
El TSJC concluye que a la luz de precedentes como la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 23 de julio de 1968 “procede fijar en el 25% de las horas efectivamente lectivas el mínimo de referencia”. La sentencia citada se refiere a ciertas poblaciones de la periferia de Bruselas en cuyas escuelas públicas la lengua de la enseñanza es el neerlandés, a pesar de que una parte importante de su población es francófona. Según la legislación examinada por el TEDH, en estas escuelas la enseñanza del francés ni siquiera era obligatoria y en ningún caso se preveía su utilización como lengua vehicular, una situación que los jueces dieron por buena. La legislación examinada también establecía la posibilidad de organizar la enseñanza en francés si lo solicitaban al menos 16 familias francófonas; estas escuelas sí que tenían la obligación de enseñar la lengua neerlandesa, pero no de utilizarla como lengua vehicular. Si la sentencia del TEDH no fija ningún porcentaje, ¿cuál es el precedente, si no es la imaginación del Tribunal?
Pero más allá del aspecto relativamente técnico del porcentaje se halla la cuestión sustancial de la razonabilidad. Se supone que la introducción del castellano como lengua vehicular debería ser un instrumento para garantizar el correcto aprendizaje de esta lengua. Sin embargo, ni en las interlocutorias actuales ni en los anteriores pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión se proporciona ninguna evidencia de que los alumnos cuyos padres han solicitado enseñanza en castellano padezcan un déficit de conocimiento de esta lengua. Esto lleva a pensar que lo de la razonabilidad no obedece a necesidades pedagógicas sino a convicciones ideológicas, y concretamente a una variante del westfalianismo lingüístico (ya saben: un Estado, una lengua): el castellano debe ser lengua vehicular en todo el territorio español (aunque en algunas regiones solo sea el 25%). Detrás de esta actitud se esconde un prejuicio político: un sistema educativo en el que la única lengua vehicular sea el catalán es percibido como antiespañol.
Naturalmente, al westfalianismo español le corresponde el westfalianismo catalán, según el cual en Cataluña la lengua vehicular debe ser el catalán. Y aquí asoma un prejuicio paralelo: la introducción del castellano como lengua vehicular es percibida como una maniobra anticatalana. (Lo curioso es que los recelos que despierta el castellano no los despierta el inglés: cuando la consejera de Educación, Irene Rigau, anunció que el 12% de las horas lectivas de primaria, el 15% de secundaria y el 18% de bachillerato serían en inglés, a nadie se le ocurrió decir que eso suponía desmontar el sistema de inmersión “por la puerta de atrás”).
Dejar que el sistema evolucione de modo natural parece más recomendable que modificarlo a golpe de autos judiciales
Lo más irónico del asunto es que esta es precisamente la dirección en la que está evolucionando el sistema de inmersión. Diga lo que no diga la Ley de Educación de Cataluña, la Generalitat permite impartir un área en lengua castellana (aparte de la lengua y literatura castellanas) “en los centros que dadas las condiciones de su entorno sociolingüístico dispongan de un proyecto específico”. En virtud de esta posibilidad, y según datos aireados por la propia consejera de Educación, el 13% de escuelas públicas y concertadas de Cataluña ya está utilizando el castellano como lengua vehicular. (Por lo que respecta al inglés, el 34% de los centros lo utiliza como vehicular, y ya hemos mencionado el proyecto de Irene Rigau de conceder a esta lengua entre un 12% y un 18% del tiempo lectivo). En otras palabras, en Cataluña ya existen hoy escuelas que utilizan tres lenguas vehiculares sin que nadie las haya acusado de desmontar la inmersión “por la puerta de atrás”.
Y terminamos. Sería muy interesante estudiar ese 13% de escuelas que utilizan el castellano como lengua vehicular. ¿Por qué se tomó la decisión de adoptar el castellano? ¿Cómo se obtuvo el consenso de las familias? ¿Qué impacto está teniendo la medida? A lo mejor descubriríamos que el hecho de utilizar el castellano como lengua vehicular ha mejorado el conocimiento del castellano sin dañar el del catalán. Dejar que el sistema evolucione de este modo natural parece más recomendable que modificarlo a golpe de autos judiciales inspirados en última instancia en la nefasta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Pero claro: en este momento de la historia ya les va bien, a los unos y los otros, que la cuestión de la lengua vehicular se haya convertido en un arma arrojadiza más.
Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
martes, 11 de febrero de 2014
miércoles, 5 de febrero de 2014
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